La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes el proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959.
La normativa protegería los intereses y derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen castrista, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.
El representante cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo que la iniciativa había tenido "un fuerte apoyo bipartidista para proteger los derechos de propiedad de aquellos cuya propiedad intelectual fue confiscada por el régimen de Castro".
Presentado por el legislador republicano Darrell Issa, de California, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, de la Florida, la iniciativa obtuvo respaldo de otros 17 congresistas, entre ellos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Díaz-Balart, y Carlos Giménez.
El congresista Issa dijo que el régimen cubano "tuvo el descaro" de vender a Estados Unidos y al mundo productos que en realidad ya habían robado, como es el caso del ron Havana Club.
En los años 90, el Ron Havana Club fue vendido a Bacardí, quien ha peleado en tribunales de Estados Unidos por la legitimidad de la marca contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard.
"Todos estamos de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos no debería premiar a quienes roban y explotan marcas registradas o cualquier otra propiedad intelectual de sus legítimos propietarios para luego beneficiarse de las leyes estadounidenses. Permitir a Cuba propagar sus apropiaciones indebidas sería y es actualmente una farsa", apuntó el legislador de California.
"Como partidario de esta legislación desde hace mucho tiempo, estamos un paso más cerca de proteger mejor los derechos de propiedad y evitar que la dictadura cubana se beneficie de la propiedad robada", apuntó Díaz-Balart.
Este proyecto de ley prohíbe a los tribunales estadounidenses y a las agencias del poder ejecutivo hacer cumplir o validar dichas marcas confiscadas si la marca pertenece a un negocio o activo confiscado. Actualmente, la prohibición se limita a los tribunales estadounidenses y se aplica sólo si un nacional cubano hace valer la marca confiscada en Estados Unidos.
Según el proyecto de ley, la prohibición no se aplicará si el propietario original de la marca, o un sucesor, ha dado su consentimiento expreso a la acción de ejecución.
La prohibición se aplicará sólo si la entidad que hace valer los derechos de marca conocía o debía haber sabido, al momento de adquirir los derechos, que la marca era igual o sustancialmente similar a otra relacionada con un negocio o activo confiscado.
“El régimen criminal de Castro tiene una larga historia de confiscar activos y lucrarse con propiedad intelectual robada a sus ciudadanos”, dijo el representante Giménez.
“Como el único miembro del Congreso nacido en Cuba, estoy orgulloso de trabajar de manera bipartidista para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de Castro”, agregó el republicano por la Florida.
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