Durante el pasado mes de noviembre la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, pudo registrar por lo menos 302 detenciones arbitrarias temporales, por motivos políticos, de pacíficos disidentes cubanos, la segunda cifra más baja en lo que va del año 2017.
Al propio tiempo, la Comisión verificó 7 casos de agresiones físicas y 25 acciones de hostigamiento contra disidentes, acciones ejecutadas en todos los casos, por la policía política secreta del régimen comunista.
La mayoría de las detenciones temporales oscilan entre varias horas y una semana de internamiento severo, bajo condiciones infrahumanas pero, en cierto número de casos, algunos opositores detenidos son condenados a prisión de máxima seguridad bajo cargos que pretenden encubrir obvias motivaciones políticas.
Durante noviembre tuvo lugar el proceso de votaciones que el Gobierno marxista de Cuba denomina “elecciones” durante el cual ocurrieron innumerables actos de represión política (detenciones, arrestos domiciliarios, citaciones y amenazas) para impedir que se nominara ni un solo candidato a los puestos de delegados (ediles o concejales) de las municipalidades.
En ese proceso, el régimen imperante en Cuba, desde hace seis décadas, exhibió toda su musculatura represiva y su enorme capacidad de control social e intimidación.
Debido a la inercia, indefensión y al temor inducidos en la población a lo largo de casi seis décadas de autoritarismo, las personas con derecho a votar sabían muy bien que no debían ni podían marchar contra la corriente proponiendo candidatos "no aprobables" por la maquinaria del partido-estado.
Por otro lado, la CCDHRN tiene serias razones para pensar que el preso político Daniel Llorente Miranda, detenido por la policía política el 1 de mayo de 2017, pudiera estar siendo objeto de abusos psiquiátricos toda vez que, pocas semanas después de su detención, fue internado en el manicomio de La Habana (hospital psiquiátrico de Mazorra) donde permanece, a la fecha, en estado de total indefensión.
Al igual que en meses y décadas anteriores, el Gobierno comunista volvió a impedir la salida temporal al exterior de activistas de la sociedad civil independiente, entre ellos la defensora de derechos humanos, Wendis Castillo, y el periodista Augusto César San Martín, al tiempo que sigue reprimiendo los desplazamientos dentro del país de cualquier ciudadano, especialmente a los pobladores que tratan de viajar desde la mitad oriental (económicamente más deprimida) hacia el occidente de la Isla, quienes son detenidos y deportados, bajo arresto, hacia sus lugares de origen, lo cual significa una violación continuada y masiva del Artículo 13 de la Declaración Universal de DD.HH. y de la propia Constitución de la República, que consagra, de manera explícita, el derecho de los cubanos a residir en cualquier lugar del territorio nacional: decenas de miles han sido víctima de tales deportaciones bajo el “actual” gobierno.
