Empresarios, estudiantes y organizaciones civiles convocaron el martes a un paro cívico de 24 horas el jueves, intensificando la presión contra el presidente Daniel Ortega quien busca contener una oleada de violentas protestas que ha dejado al menos 147 muertos.
Las manifestaciones contra el Gobierno comenzaron a mediados de abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para incluir demandas de justicia por las víctimas tras una violenta represión policial.
Los opositores también exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero izquierdista a quien sus críticos acusan de amañar relecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una "dictadura familiar", indicó la agencia Reuters.
"Instamos a todos los dueños de negocios, a pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia a cesar actividades", dijo en un comunicado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a varias organizaciones que se oponen a Ortega.
Mientras el diario La Prensa informó de la muerte del joven Michael López, de 27 años, que “fue asesinado este martes en plena vía pública mientras se desplazaba a bordo de una camioneta todo terreno”.
El hecho se produjo horas después que los paramilitares incursionaron en los barrios Santa Rosa, Villa Progreso, Nueva Libia, Bello Horizonte, Primero de Mayo, entre otros.
En el ataque matutino perdió la vida Ariel Ignacio Vivas, mientras desmontaba una barricada. Además, se reportaron varios heridos y el secuestro de Roberto Rodolfo Sobalvarro, según la Policía Nacional.
"El objetivo de este paro es apoyar el diálogo nacional mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y demandar el cese inmediato a la violencia y la represión", agregó la agrupación.
Este martes Forst Michel Relator, de la ONU expresó su "profunda preocupación sobre sobre la situación de defensores de los Derechos Humanos en Nicaragua" y citó "el uso excesivo de la fuerza"por parte del régimen de Ortega.
A pesar de que la ministra de Salud, Sonia Castro, negó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que haya una orden expresa de negar atención médica a las personas que participan en las protestas contra el Gobierno, los médicos del Hospital Bertha Calderón, en Managua, emitieron un pronunciamiento en que —a título personal— expresan que ellos atenderán a toda persona que necesite ayuda.
“Como gremio médico reiteramos nuestro compromiso de seguir atendiendo a la población, sin distingo de raza, clase social, inclinación sexual, religión o afiliación política. Cabe señalar que a pesar de que somos un hospital de perfil gineco-obstétrico, estamos en toda la disposición de brindar los primeros auxilios a todo aquel ciudadano que lo necesite, con la más alta calidad humana, tratando de preservar la vida y referir a un nivel de atención especializada, si el caso lo amerita”, dice el documento.
Según su página de Internet, la Alianza Cívica está conformada por la Coalición Universitaria y de sociedad civil la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), entre otras organizaciones.
[Con información de Reuters, La Prensa y social media]
