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CPJ denuncia cifra récord de periodistas encarcelados, entre ellos, el cubano Lázaro Yuri Valle Roca


Foto Archivo. La detención de Lázaro Yuri Valle Roca el 10 de diciembre de 2015, conmemoración del Día de los Derechos Humanos.
Foto Archivo. La detención de Lázaro Yuri Valle Roca el 10 de diciembre de 2015, conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

El número de periodistas encarcelados en todo el mundo es el más alto jamás registrado en los 30 años de investigaciones del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Así lo denunció el miércoles el CPJ en su informe anual, en el cual cita el caso del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, arrestado en junio del año pasado por reportar sobre la distribución de octavillas en La Habana que pedían democracia y libertad.

El reporte precisa que 363 reporteros fueron encarcelados en 2022 (de 1ro de enero al 1ro de diciembre) por ejercer su profesión, un 20 por ciento más que el año pasado. Los cinco países con más comunicadores tras las rejas son Irán, China, Birmania, Turquía y Bielorrusia.

“Irán se ha convertido en el peor carcelero de periodistas del mundo, con 62 encarcelados el 1 de diciembre, pasando del décimo lugar en 2021, un reflejo de la despiadada represión de las autoridades contra las protestas iniciadas en septiembre y encabezadas por mujeres”, indicó el CPJ.

Irán ha encarcelado a un número récord de mujeres periodistas en un esfuerzo por reprimir la información veraz sobre las manifestaciones.

"La cantidad récord de periodistas encarcelados es una crisis que refleja una erosión de la democracia a nivel mundial", dijo la presidenta del CPJ, Jodie Ginsberg.

"El censo penitenciario de este año pone de manifiesto hasta dónde llegan los gobiernos para silenciar los informes que buscan hacer que el poder rinda cuentas. La criminalización del periodismo tiene impactos que van mucho más allá del individuo en la cárcel: sofoca los informes vitales que ayudan a mantener al público seguro, informado y empoderado."


El CPJ advirtió que “los gobiernos recurren al abuso de las estructuras legales para castigar a la prensa, por ejemplo, elaborando legislación con una redacción ambigua que criminaliza la información fáctica”.

“El censo de 2022 muestra que los cargos anti-Estado se usan con mayor frecuencia para recluir a periodistas, que van desde presunto terrorismo hasta compartir información contraria a las narrativas oficiales”, precisó.

“De manera alarmante, en 131 casos, no se ha registrado ningún cargo, lo que deja a los periodistas languideciendo tras las rejas con pocos recursos legales”, lamentó el CPJ.

Ginsberg explicó que la perspectiva de largos procesos legales y largas sentencias de cárcel “es una forma de intimidar a los periodistas para que se callen”.

“Siembra desconfianza en los medios, creando un entorno en el que pueden florecer los abusos de poder", dijo Ginsberg.

Agregó que las reformas legales de Rusia, promulgadas después de la invasión de Ucrania, “prohíben los informes falsos sobre la guerra y han servido para prácticamente acabar con los medios de comunicación independientes del país”.

En noviembre, el CPJ entregó su Premio Internacional a la Libertad de Prensa al autor cubano Abraham Jiménez Enoa, fundador del medio El Estornudo.

En su discurso de aceptación, Jiménez dijo que nació en un país “donde todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, todos los periódicos, todas las revistas, están por ley dirigidas por el Partido Comunista”, y que reportar sobre la realidad de lo que ocurre en el país “significa violar la ley”.

Por decidir a ser un periodista que intenta contar la realidad, el gobierno te considera “un delincuente”, lamentó Jiménez Enoa.

En agosto, el Comité para la Protección de los Periodistas criticó la sentencia de 5 años de prisión que el régimen comunista impuso a Valle Roca y dijo que se trata de una medida extrema para mantener la censura.

“Las autoridades cubanas ya han encarcelado injustamente al periodista Lázaro Yuri Valle Roca por más de un año. Ahora el periodista enfrentará más años de cárcel sencillamente por compartir información”, declaró en ese momento Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

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