El aumento a 24 de los considerados “delitos” a los que se puede aplicar la pena de muerte en el nuevo Código Penal cubano, que entrara en vigor el 1 de diciembre, continúa recibiendo las críticas y el rechazo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización con sede en Madrid, España, condenó este martes la remodelación de dicho Código, que restringe aún más las ya limitadas posibilidades de los cubanos de ejercer sus derechos civiles.
“La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte, e intenta usar la nueva norma para amenazar, incluso con la muerte, a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria”, expresó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, en una nota de prensa publicada este martes.
En declaraciones a Radio Martí, Cires se refirió también al endurecimiento de este nuevo Código, que penaliza con severos castigos el ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución de la República, lo cual deja la definición de “delito” a la interpretación intencionada de quienes ostentan el poder en la isla.
“El propio código condena a penas que pueden llegar hasta a 10 años a aquellos ciudadanos que ejerzan derechos, incluso, reconocidos en la propia Constitución. También persigue determinadas formas de expresión de descontento ciudadano, acogiéndose al derecho a manifestación, a la libertad de expresión, por ejemplo. Estas acciones de los ciudadanos, incluso cívicas, son condenadas incluso cabiendo penas de prisión”, apuntó Cires.
“Estamos denunciando esto porque, en realidad, lo que está haciendo el Estado cubano es dotándose de más instrumentos para acallar, perseguir, reprimir, en especial, aquellas nuevas formas de manifestación de ese descontento ciudadano por el fracaso político, económico y social del propio régimen”, concluyó.
Por su parte, la nota de prensa publicada por el OCDH hace énfasis en la criminalización, que el código Penal institucionaliza, de la colaboración, en todos los sentidos, de instituciones extranjeras con la sociedad civil cubana.
“También se criminaliza y establece una condena de hasta 10 años de prisión contra las actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente, fuera de control estatal (142), lo cual, además de ir en contra de un derecho reconocido por la ONU a la sociedad civil, es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano”, señaló el OCDH.
La organización concluye que, con este nuevo Código Penal, el régimen cubano persigue el ejercicio cívico de cualquier derecho político.
(Con reporte de Ariane González para Radio Martí)
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