El Gobierno cubano restringe el disfrute de una vida plena y feliz a miles de menores que viven en hogares para niños sin amparo filial. Son las razones políticas quienes destrozan la posibilidad que deben tener estos infantes para poder desarrollar libre y de forma constructiva, la personalidad, aptitud y capacidad.
La palabra “adopción” no es muy frecuente en la isla; pero aparece recogida en la Ley 1289/75, en la resolución 48 de MINED, en el Decreto Ley 76 de 1984, y en varios artículos del Código de Familia. Curiosamente, conozco a algunos cubanos que viviendo en la isla han adoptado a sus hijos en Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Chile y algunos países del este de Europa; pero llama la atención que, casualidad o coincidencia, todos esos adoptantes a quienes me refiero son o han sido dirigentes, diplomáticos o funcionarios del Partido Comunista.
“No es casual”, asegura una de las fundadoras del Departamento de Enseñanza Especial del Ministerio de Educación (MINED). “Para que el Tribunal autorice la capacidad y condiciones de los futuros adoptantes, estos deben haber cumplido los 25 años de edad, estar en situación de solventar las necesidades económicas del adoptado; pero por sobre todos los requisitos, deben hallarse en pleno goce de una condición política aceptable”.
“Una verdadera pena, porque entre los problemas sociales más preocupantes de hoy está el bajo índice de aprohijamiento. En el país existe una reducida cultura al respecto, el proceso es complicado y, la legislación vigente, al politizar la selección de los padres con capacidad para adoptar, en lugar de ayudar, incrementa el riesgo de exclusión social de este amplio grupo de niños y niñas”.
“En la televisión, prensa y la radio nacional, escuchamos continuos avisos que ayudan a la prevención de enfermedades, campañas contra el no rechazo a la comunidad LGTB, o cruzadas para erradicar los vectores que transportan y/o transmiten un patógeno determinado; pero de la adopción no se habla. Y eso nos hace pensar que el Estado no le da el seguimiento necesario a la orfandad ni la observancia adecuada al problema para concientizar a la sociedad”.
“No me corresponde a mí – explica la funcionaria con décadas de experiencia - revelar los números o las estadísticas de niños y adolescentes que por diferentes razones no pueden vivir con su familia de origen; pero sí puedo decir que de resolverse este absurdo requisito que toma validez jurídica, un alto porcentaje de ellos podría ser entregado en adopción a alguna familia que pueda y quiera acogerlos, independientemente de su formación política”.
“Es fundamental para todos estos niños tener un hogar y desarrollarse en el núcleo de una familia. Para ellos, aunque tienen un trato adecuado y se les crea una conciencia de socialización, moverse dentro de un círculo social distinto al de estos albergues, Hogares de Niños sin Amparo Filial, es esencial para su desarrollo personal y profesional. Me cuesta trabajo pensar que sea el mismo gobierno quien, al no cambiar un único punto en la ley, le está restando importancia a tan importante factor social”.
