Entre la incertidumbre y el malestar se mueven campesinos cubanos consultados por Radio Martí, respecto a la implementación de la Ley de Aguas Terrestres, una norma jurídica que busca regular su uso.
La ley, -que tiene su antecedente en el Decreto Ley 138 de 1993-, incluye por primera vez conceptos como productividad, reúso y reciclaje del agua, caudales ecológico y sanitario, empleo de tecnologías limpias y entrega en arrendamiento o usufructo de infraestructuras del patrimonio hidráulico estatal.
También prevé acciones para modificar artificialmente la disponibilidad de aguas terrestres mediante la desalinización de agua de mar, la siembra de lluvias o el trasvase entre cuencas hidrográficas.
La ley aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial por lo que se desconocen los detalles de la aplicación.
Hasta ahora los cubanos pagaban simbólicos precios por el agua, un servicio que fue subvencionado por décadas. En sitios donde no funcioban los relojes contadores, las tarifas eran fijas independientemente del consumo.
"Esa ley, que se aprobó hace poco (julio pasado), aquí en Pinar del Río desde mucho antes se estaba implementando. A los campesinos el agua que ellos cogían del arroyo para regar sus siembras, el tabaco y otros, se les estaba cobrando", dijo el campesino Rolando Pupo.
"Mira hasta dónde llega esta ley que tu puedes hacer un pozo en tu casa, en tu propiedad y hasta se te cobra", agregó.
Regular el agua como política
Poner en marcha políticas sobre el agua ha sido una prioridad para Raúl Castro. El Consejo de Ministros aprobó en el 2012 la Política Nacional del Agua y un año después circuló la primera versión de la actual ley.
La regla llega después de años de cíclicas crisis por falta de agua, asociadas a la sequía y al despilfarro por roturas antiguas en las redes de distribución. Cifras oficiales indican que más del 60 por ciento del agua que se bombea no llega a las casas y a menudo corre por las calles debido a los salideros.
Pero los campesinos buscan apoyo que no encuentran de las instituciones estatales, en momentos en que producir alimentos sigue siendo vital para la economía y la estabilidad del país.
"Hay un gran descontento con esto porque el Estado no presta ningún recurso para la fabricación de sus pozos, ellos utilizan sus medios, sus recursos y Estado les cobra un impuesto esto", dijo el campesino cienfueguero Norge Luis García.
En otros sitios, como Las Tunas, aún no se cobra el impuesto pero también hay inquietud.
"La reacción de los campesinos es totalmente opuesta, ellos no están de acuerdo con eso (pagar impuestos), de hecho nadie está de acuerdo con eso. En Cuba nunca antes eso se había hecho", dijo el activista Carlos Alberto Arteaga.
El agricultor de Granma, Emiliano González, dijo que hay "incertidumbre".
"Aún no se ha aplicado pero las personas se preguntan cómo, cuándo y cuánto habrá que pagar al gobierno", comentó.
(Redactado a partir del reporte de Adriel Reyes)
