Unas grupo de familias que ocuparon ilegalmente en el 2009 el antiguo matadero Antonio Maceo en Lawton, enfrentan la desidia del gobierno y el rechazo de los vecinos a casi diez años de haber entrado ilegalmente en el local que antes fue sede de la Dirección Municipal de Comunales del municipio 10 de octubre, La Habana.
El reportero Steve Maikel Pardo dijo en el programa Cuba al Día que indagó con vecinos de ese barrio sobre la presencia de unas 300 personas hace más de 8 años en el local del antiguo matadero y dijeron que "no se sienten bien con la presencia de ellos allí".
A criterio de Pardo "no los aceptan totalmente” por el aumento de la insalubridad en el área, que se suma a algunos episodios de violencia que se han dado.
La deficiente política económica del país obligó a esas personas a invadir el lugar, opinó el reportero que indagó también con los residentes en el antiguo matadero para conocer las interioridades y las acciones del gobierno a favor de ellos.
Asegura que a casi nueve años esas personas sienten que poco ha cambiado, que siguen viviendo en condiciones miserables sin que el gobierno cumpla las promesas hechas a sus residentes.
Las gestiones de las familias y las promesas del gobierno
En marzo de este año dos colaboradores de Cubanet visitaron el local e intercambiaron con los residentes sobre los inconvenientes que han enfrentado con las instituciones del gobierno y las motivaciones que los llevaron a ocupar el local.
Una maestra licenciada en Defectología que vivía con su esposo, hijo y dos sobrinas en un cuartucho improvisado en el barrio del Juanelo, municipio habanero de San Miguel del Padrón dijo a Cubanet que se fue a vivir allí porque se enteró que ya el matadero no pertenecía a ninguna empresa y que la gente se estaba metiendo. Asegura que no lo pensó dos veces para instalarse.
Varios entrevistados aseguraron a Cubanet que no han sido fáciles las relaciones con las autoridades que en ocasiones les cortaron el agua y la luz y los amenazarancon el desalojo.
Contaron que la Empresa Eléctrica firmó un contrato con los ocupantes para instalar relojes contadores y así cobrar la electricidad. Pagaron por dicho contrato, pero nunca se instalaron los contadores. Por eso en la actualidad no pagan la electricidad que consumen.
Los inspectores del Instituto de Vivienda le pusieron multas, y las escuelas, policlínicos y dentistas de la comunidad se negaron a brindar servicios a los ilegales con la excusa de que no estaban domiciliados allí.
Las presiones duraron casi cinco años, hasta que en el 2014 las autoridades permitieron el acceso a la educación y a la salud en las instalaciones cercanas. También pusieron como condición para no desalojarlos que cada espacio tuviera un baño y una cocina.
En 2010 el gobierno concedió de licencias de construcción y liberó la venta de materiales, además de impulsar un plan de créditos y subsidios, sin embargo en el caso de las familias que residen en ese lugar no todo pueden enfocarse en hacer habitable su cubículo como en una ocasión exigieron las autoridades de la vivienda.
Pardo pudo entrar al local y comprobó que algunas familias pudieron legalizar el espacio donde viven y hacer baños y cocinas porque "esa parte del matadero permite conectarse a las redes sanitarias pero otras no lo han podido hacer".
Sin embargo cree que para los que no han podido hacerlos les será difícil en el futuro porque "no todos tienen dinero, ni condiciones para habilitar las instalaciones de agua y sanitarias en sus cubículos lo que los obliga a seguir viviendo en pésimas condiciones", concluyó.
(Redacción Idolidia Darias con información de Cuba al Día, el reportero Steve Maikel Pardo y Cubanet)
