El castrismo, además de versionar concepciones del Estado y frases de dictadores totalitarios, en sus métodos de control social tampoco se ha destacado por su originalidad.
Además de los calcos del comunismo soviético, el castrismo tomó préstamos del nazismo, como entre otros, los blokwharts y la Juventud Hitleriana para conformar los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), respectivamente.
También del nazismo fue tomada esa aberración legal que es la “peligrosidad social predelictiva”, la cual, por increíble que parezca, permite a los fiscales del socialismo verde olivo, como en la película Minority Report, castigar el delito antes de que sea cometido.
En la Alemania nazi, a partir de 1937, basándose en el párrafo 42 del Código Penal del Tercer Reich para mantener la ley y el orden, fueron autorizados, sin tener la policía que recurrir a los tribunales, los arrestos preventivos no solo de delincuentes habituales sino también de personas que fueran consideradas potenciales delincuentes. Eran definidos como volksschädling (antisociales), una categorización que incluía, entre otros, a prostitutas, homosexuales, mendigos, sicópatas, repetidores de chistes y comentarios en contra de los nazis y vagos (considerados como tales los que se negaran a aceptar en dos ocasiones los empleos que les fueran ofrecidos por el Estado).
Para evitarse las molestias presentar órdenes de los tribunales en las cárceles y tener que estar ignorando eventuales objeciones del Ministerio de Justicia, la Geheimes Staatspolizeiamt (SIPO) —la Gestapo, como era más conocida— a tales personas las enviaba directamente a los campos de concentración.
Así, por considerar las autoridades que esas personas descritas como antisociales podían cometer crímenes, ofensas contra la moralidad o actos contra el régimen nazi, varios millares de hombres y mujeres fueron enviadas a los campos de concentración, donde muchísimos perecerían.
En España, bajo la dictadura franquista, también existió la peligrosidad social. En 1954, la Ley de Vagos y Maleantes, que existía desde 1933, fue modificada para incluir la represión contra homosexuales. En 1970 fue sustituida por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que incluyó, además de los homosexuales, a los adictos a las drogas y los inmigrantes ilegales, y que acarreaba penas de hasta cinco años de cárcel o internamiento en manicomios y otras “instituciones especiales”.
Bajo el régimen castrista también han existido esas monstruosidades. Baste recordar la Ley del Vago y las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), aquellos campamentos de trabajos forzados que estaban presididos por aquellos carteles con la frase de inspiración nazi “el trabajo los hará hombres”.
Las llamadas “medidas de seguridad predelictiva” están definidas en los artículos del 73 al 84 del Código Penal cubano y pueden acarrear de uno a cuatro años de cárcel. La policía puede emplearlas, cuando lo considere pertinente, contra vagos, alcohólicos, enajenados, disidentes y todos los que denominan “elementos antisociales”.
En el artículo 73 se tipifica como “conductas antisociales”: “quebrantar las reglas de convivencia social y alterar el orden”.
El ambiguo artículo 75 amenaza con castigos “a los que mantienen vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad y el Estado socialista”.
Para colmo de males, las “medidas de seguridad predelictiva” son aplicadas con evidentes criterios racistas. Activistas de derechos humanos calculan que más del 80 % de los acusados por las autoridades de “peligrosidad predelictiva” son negros o mulatos, mayoritariamente jóvenes.
(Este artículo fue publicado originalmente en CubaNet)
