Cuentrapropistas cubanos presentaron al Ministerio de Justicia peticiones para legalizar dos asociaciones independientes que buscan defender los derechos de trabajadores autónomos dedicados a labores de transportación y ventas en mercados, según explicaron los promotores a Radio Martí.
La iniciativa se sustenta en el artículo 54 de la Constitución de la República o Ley de Asociaciones, que tiene el objetivo de "regular el ejercicio del derecho de asociación reconocido constitucionalmente a todos los ciudadanos".
Funcionarios del Ministerio de Justicia hicieron acuse de recibo el pasado 19 de marzo de los documentos de la Asociación de Cuentapropistas de productos de Mercado y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
"¿Qué queremos nosotros? Que si tenemos una licencia que se respete nuestra licencia (...) acá es un rigor todo, que si no puedes vender aquí, que si no puedes vender allá, que si no sé qué (…) todo es un problema", explicó al Programa Cuba Al Día la cuentapropista Idelia Sanamé, quien lidera la iniciativa que representa a trabajadores privados que venden productos en mercados.
Sanamé enfatizó en que muchas familias viven del trabajo privado. Además explicó que los cuentapropistas pierden sus licencias por las normas que impone el gobierno sin que apenas puedan canalizar sus quejas.
"Por eso nosotros todos nos unimos (...) (queremos) que se nos escuche, que tengamos un derecho porque acá a nosotros no se nos escucha, no tenemos derecho de nada”, indicó.
El líder de la Asociación de Transportistas Autónomos, Rafael Alba, no pudo ser entrevistado como estaba previsto en el programa de Radio Martí, debido a que fue detenido en la mañana cuando intentaba conectarse a Internet en una zona de WiFi en Mantilla, La Habana.
El arresto se produjo justo el mismo día en que hicieron público la entrega de los documentos al Ministerio de Justicia y pocas horas antes de que entregaran sus testimonios a Radio Martí.
Tras 24 horas detenidos, Alba fue liberado sin cargos el miércoles, al igual que la directora y presentadora de Lente Cubano, Iliana Hernández, quien lo acompañaba.
Motivos para asociarse
La iniciativa de asociación que comenzó en La Habana llega en momentos en que el propio gobierno reconoce que las reformas económicas impulsadas en el 2011 se han desacelerado. Incluso el artífice de los cambios, Marino Murillo, ha aceptado "errores" cometidos en la implementación.
Ese fue justo el argumento usado para frenar en seco y por tiempo indefinido la entrega de nuevas licencias para el trabajo por cuenta propia, que agrupa a unos 580.000 trabajadores cubanos.
Sanamé explicó que su grupo comenzó con tres integrantes y ya tiene unos 20 asociados que claman porque que sus derechos sean restablecidos. La activista indicó también que están abiertos y se pueden "sumar todos los cuentapropistas que se sientan que no tienen ayuda".
Manuel González Durán, carretillero, está "feliz" de asociarse.
"(La idea es) ayudarnos mutuamente, estamos haciendo algo pacífico y algo bueno para que nuestros derechos se puedan incrementar”, dijo González.
El cuentapropista Yoslan Hernández, que se dedica al trasporte privado de pasajeros, explicó sus razones.
"Hemos dado este paso porque queremos estar unidos (...) que se nos escuche lo que digamos (...) que se nos den nuestros derechos que no los tenemos", expresó.
Las autoridades del Ministerio de Justicia que recibieron los documentos les explicaron que tienen entre uno y tres meses para dar la respuesta. Incluso una de las funcionarias les entregó un número telefónico al que pueden llamar para mantenerse informados acerca de la evolución del proceso legal.
Pese a que existe la Ley de Asociaciones en Cuba, numerosos intentos de opositores y activistas independientes no han conseguido legalizarse por la negativa del Ministerio de Justicia.
La regla cubana estipula también que "las asociaciones podrán ser nacionales, provinciales o municipales, según la demarcación territorial en que desarrollen sus actividades y para su constitución se requerirá la autorización del Ministerio de Justicia".
El texto de la ley, de hecho, advierte que "no están comprendidas en las prescripciones de esta Ley, las organizaciones de masas y sociales (...) las organizaciones eclesiásticas o religiosas, las cooperativas de producción agropecuaria, las de crédito y servicio, y otras autorizadas por la ley".
Para hacer frente a este acápite de la ley cubana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Asociación Jurídica Cubana (AJC) presentaron en abril del 2017 en Madrid un registro no oficial de asociaciones de la sociedad civil.
La iniciativa buscó dar visibilidad a las organizaciones que se encuentran dentro del país pero no están reconocidas por el Estado.
"Esto no nos da derechos desde el punto de vista legal en Cuba, pero es importante que la gente conozca la situación", explicó entonces el periodista y escritor Jorge Olivera, quien reside en Estados Unidos.
(Escrito a partir del Programa Cuba Al Día y Archivo de Martí Noticias)
