La Habana, Cuba - Luego de pasar el crucero de La Palma, a dos kilómetros del antiguo paradero de Mantilla, se encuentra enclavado El Calvario, un distrito de casas bajas, caminos sin asfaltar y una multitud de perros sin dueños.
Al final de un callejón angosto radica la sede del Centro de Información Legal Cubalex, una casa biplanta construida con recursos propios que sirve a la vez de oficina de atención al público en la planta baja y vivienda en el piso superior.
Allí, en el verano de 2011, la abogada Laritza Diversent, 36 años, fundó un bufete de asesoría jurídica que presta atención ciudadana sin cobrar un centavo ni importar la posición ideológica de la persona.
“El año pasado atendimos más de 170 casos. La mayoría gente pobre y sin recursos que se siente desamparadas por la maquinaria jurídica del Estado. Asesoramos homicidios, casos de violencia a la mujer, drogas, prostitución y también atendemos a cualquier disidente que lo necesite”, indica Laritza, sentada en un pequeño patio techado al fondo de su casa.
El analfabetismo jurídico en Cuba es lamentable. Muy pocos conocen cual es la Ley Fundamental de la República o los procedimientos que deben cumplir las fuerzas policiales durante los registros, decomisos o cuando hacen una simple citación.
Desde 2009, abogados como Laritza Diversent venían ofreciendo charlas a blogueros, periodistas independientes y opositores, para que supieran cómo comportarse en el momento de una detención.
Pero las leyes en Cuba son una abstracción. Hay un conjunto de mamotretos legales que supuestamente deben ser respetados por las autoridades. Pero las fuerzas represivas son los primeros en quebrantarlas.
Desde 2009, abogados como Laritza Diversent venían ofreciendo charlas a blogueros, periodistas independientes y opositores, para que supieran cómo comportarse en el momento de una detención.
Lo ocurrido el viernes 23 de septiembre es un ejemplo. Cuenta Laritza que “varios vecinos nos habían puesto en alerta sobre un operativo que la Seguridad venía gestando. En la oficina se presentaron una veintena de agentes uniformados, algunos con pistolas en la cintura, así como funcionarios de diversas instituciones del Estado. Traían una orden de registro que no cumplía los requerimientos establecidos por la ley. Cuando se lo hicimos saber recurrieron a la fuerza y violentaron la entrada de la sede de Cubalex, que a su vez es mi domicilio”.
Destrozaron la puerta de entrada del patio e ingresaron a la vivienda luego de forzar la puerta de la cocina. Ya en el interior, se llevaron cinco computadoras, siete teléfonos móviles, un servidor, seis cámaras de seguridad, tres impresoras, soportes digitales, archivos y dinero.
“Actuaron con total impunidad y prepotencia. Las autoridades asumen que ellos están por encima de la ley. Todo lo filmaron. Después nos desnudaron uno por uno y nos cachearon de forma degradante. Fue algo humillante”, señala Laritza.
Se llevaron detenidos al abogado Julio Ferrer Tamayo y al activista Dayán Alfredo Pérez, a quien liberaron doce horas después. Ferrer se encuentra confinado en la unidad policial de Zanja y Dragones, muy cerca del Barrio Chino de La Habana.
Laritza presume que el régimen verde olivo puede enviar a prisión a Julio Ferrer. “Por informaciones de familiares, supimos que en un par de días, Julio va ser presentado en la Sala Segunda de lo Penal. Haremos todo lo que este a nuestro alcance para impedirlo”.
Ferrer Tamayo, quizás uno de los juristas cubanos mejor preparados, fue fiscal en el municipio Guanabacoa y posteriormente abogado defensor. Conoce como pocos la corrupción, el nepotismo y tráfico de influencias en las alcantarillas del sistema legal.
Posee pruebas que señalan a varios magistrados. Cuando decidió convertirse en abogado independiente, sufrió toda clase de acoso por parte de la Seguridad del Estado. Y en una turbia trama legal, lo condenaron a 3 años de privación de libertad. Pero sus conocimientos legales obligaron a la autocracia verde olivo a cambiar de medida y liberarlo, sin haber cumplido la sanción.
Ahora, todo indica que le van a enjuiciar y encarcelarlo nuevamente. La coacción de los servicios especiales no tiene límites en la Isla. Marienys Pavó Oñate, también abogada y esposa de Ferrer, desde el 31 de julio de 2012 se encuentra recluida en la prisión de mujeres Manto Negro, en un caso que él considera una conspiración.
Cubalex, como otros bufetes y agrupaciones al margen del Estado, operan en un auténtico limbo jurídico. De una forma u otra, han intentado inscribirse en el registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. Pero, o no han tenido respuesta, o le han denegado el derecho a asociarse legalmente.
Al respecto, Laritza expresa que ese status indefinido o semi clandestino, fue el pretexto perfecto para lanzar el violento operativo contra Cubalex el viernes 23 de septiembre.
“Al frente del registro estaba el teniente coronel Juan Carlos Delgado Casanova y la fiscal Beatriz Peña de la Hoz. Pero para darle un barniz de legalidad, participaron, entre otros, funcionarios del Instituto de Planificación Física, la Oficina Nacional de Administración Tributaria y de la DIS (Dirección Integral de Supervisión), un cuerpo de inspección que forma parte del Consejo de Administración Provincial”, apunta la abogada habanera.
Al equipo de Cubalex le preocupa las acciones legales que pueda emprender el Estado contra Jorge Amado Iglesias, colaborador de la oficina, pues tiene licencia de trabajador por cuenta propia y pudieran imponerle una multa de 1,500 pesos. Por su parte, Laritza sospecha que Planificación Física iniciará un proceso para confiscar la sede y su propia vivienda. Al estar en un proceso de investigación que puede demorar meses, Cubalex no puede atender ningún caso.
Laritza Diversent está devastada. Cree que el operativo que sufrió la oficina, sumado a otros casos de detenciones y decomisos a opositores y periodistas alternativos, puede ser el inicio de una inminente ola represiva contra la disidencia a nivel nacional. “Nunca pensé que por defender los derechos humanos tuviera que pasar por todo esto”, dice.
Y es que la nueva vuelta de rosca represiva recuerda demasiado aquella primavera negra de 2003. Lo único que cambia en el modus operandis es la estación del año. De hacerse realidad, sería en otoño.
