Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez “El Osorbo” fueron juzgados en Cuba bajo acusaciones que atentan contra la libertad de expresión, reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y son utilizados por el régimen de la isla para control social, señaló este viernes la organización independiente Cubalex.
En un artículo firmado por la abogada y activista Giselle Camila Morfi, la consultoría jurídica hace un análisis de las condenas a ambos artistas, sentenciados a 5 y 9 años de cárcel, respectivamente, por presuntos delitos de atentado, resistencia y desórdenes públicos, además de los de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires.
“Los delitos de atentado, resistencia y desórdenes públicos son utilizados en Cuba con el objetivo de censurar y criminalizar el derecho a la protesta sobre la base de una imposición ideológica, pasando por encima del derecho de participación ciudadana. Son delitos que utilizan para el control social, y no para la defensa y garantía de los derechos humanos, por la discrecionalidad y falta de claridad y concreción de la norma penal”, señala Morfi.
La abogada aclara que el orden público que valoran los jueces cubanos no guarda relación con el orden público establecido en una sociedad democrática.
“¿Qué motivación tuvieron los jueces para destruir la presunción de inocencia de estas personas? ¿Dónde se regula indubitadamente qué son los “sentimientos de nacionalidad y orgullo que le profesa el pueblo cubano a nuestra enseña patria”?”, se cuestiona Morfi.
La experta llama la atención sobre el peligro que entraña el carácter ejemplarizante de las sentencias contra los dos artistas, que buscan disuadir a la ciudadanía de opiniones que disienten del status quo, o de las políticas e ideologías establecidas por el Estado.
“El resultado de esta y todas las sentencias contra los manifestantes del 11-J representan una afectación no solo individual para los acusados, sino para toda la sociedad. Es de interés público conocer todo lo que sucedió en el juicio y acceder a la sentencia”, subraya la activista de Cubalex.
Según la abogada, las sentencias contra Otero Alcántara y El Osorbo constituyen “un abuso del poder punitivo del Estado”, ya que no se ajustan a la “legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad” que exige el sistema interamericano para que los estados puedan limitar la libertad de expresión.
