Detener la violencia y exigir rendición de cuentas en las protestas en Venezuela.
En las últimas semanas, se ha producido en Venezuela una sucesión de protestas sociales, desde que el Tribunal Supremo de Justicia demostró su falta de independencia del Poder Ejecutivo a través de varios pronunciamientos contra los miembros de la Asamblea Nacional, cuyos miembros son designados mediante elecciones libres.
Hasta el momento, han muerto seis manifestantes y cientos han sido detenidos. Han trascendido informes creíbles de uso de la tortura por el SEBIN y el CICPC. Se ha convocado a nuevas manifestaciones en los próximos días, sobre todo para el miércoles 19 de abril.
Instamos una vez más al Gobierno de Venezuela a cumplir los compromisos que asumió el otoño pasado en el marco del proceso de Diálogo, con la mediación del Vaticano: a celebrar prontamente elecciones; a respetar la constitución y la Asamblea Nacional; a disponer la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; y a atender las necesidades humanitarias de la población venezolana.
Nos sumamos al pedido conjunto planteado el 17 de abril por 11 gobiernos latinoamericanos al Gobierno de Venezuela para que adopte estas medidas inmediatamente, a fin de facilitar la pronta solución de la crisis que afecta a todos los venezolanos y cada vez más a la región.
Instamos una vez más a los manifestantes a expresarse de manera no violenta. Repudiamos el uso de la violencia contra manifestantes que no están armados. En particular, condenamos el uso de colectivos —bandas armadas bajo el control político de líderes del partido PSUV— para reprimir a manifestantes, mientras las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público permanecen pasivas.
También recordamos una vez más a las fuerzas públicas —miembros de la Policía, el Ejército y la Guardia Nacional—, así como a los miembros del Poder Judicial, sobre sus deberes legales y constitucionales de proteger, y no impedir, las manifestaciones pacíficas.
Los responsables de la represión ilegal de actividades democráticas pacíficas, el debilitamiento de las instituciones y las prácticas democráticas y las graves violaciones de derechos humanos deberán responder individualmente por sus actos ante la población venezolana y sus instituciones, así como ante la comunidad internacional.
