Yamilka Abascal Sánchez insiste en denunciar el juicio "sin garantías" sufrido por ella y su esposo, José Rolando Cáceres Soto, este último condenado a cinco años de cárcel por "desacato".
La fundadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana viajó a Madrid (España) para testimoniar en la presentación del informe "Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba", que analiza los "actos de criminalización, represión y hostigamiento" del Estado cubano contra defensores de derechos humanos y periodistas.
"Fuimos condenados a prisión por participar en la Mesa de Diálogo. El juicio se hizo sin abogados. Solo dejaron entrar a los testigos de la policía y de la Seguridad del Estado", explicó Abascal.
Su caso, junto a muchos otros, aparece en el informe del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentado en Madrid bajo los auspicios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Caitlin Kelly, abogada y autora del documento, dijo a Radio Televisión Martí que la investigación explica cómo La Habana utiliza el derecho penal para criminalizar los opositores.
"Después de examinar profundamente las leyes cubanas, hemos visto que las autoridades pueden encontrar la manera de criminalizar casi cualquier acción. Por ejemplo, el delito de desacato se define muy vagamente. Eso viola las normas internacionales, porque los delitos deben ser bien definidos y todo el mundo debe tener la libertad de criticar a las autoridades", indicó Kelly.
José Ernesto Morales, representante de la organización pinareña Consejería Jurídica, advirtió que los ciudadanos cubanos continúan sin garantías, ya que, "después la Constitución, el gobierno ha tratado de demostrar que hay cambios en la administración de justicia en Cuba, pero realmente no existen".
"Sigue la antigua Ley de Procedimiento Penal, sigue el Código Penal. No hay cambios", ejemplificó Morales.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, apuntó en la misma dirección: "No hay cambios significativos después de la nueva Constitución. Sí hay un aumento de la represión contra todo el movimiento de derechos humanos. Incluso, hay una represión selectiva contra actividades relacionadas con los temas de género y los afrodescendientes".
Casos como el del doctor Eduardo Cardet, actual líder del Movimiento Cristiano Liberación, aparecen explicados en la investigación del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. También se describe el "modus operandi" del Estado cubano y las "sistemáticas violaciones" de la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso, "que se contraponen a las obligaciones y compromisos internacionales" asumidos por La Habana.
El informe denuncia además la violencia contra los arrestados, las restricciones para salir del país y las "condiciones deplorables" de los centros de detención.
En la presentación de Madrid también participaron Carlos Quesada, director del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, y Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
