Amnistía Internacional está profundamente preocupada por los continuos desafíos a los derechos humanos en Cuba, los maltratos en las prisiones y los encarcelamientos masivos, según manifestó la organización esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Johanna Cilano Peláez, investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional Américas, divulgó en redes sociales el texto de la declaración oral presentada días atrás por la prestigiosa organización, como parte de la revisión de los informes del Examen Periódico Universal de Cuba.
"La respuesta de Cuba a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, incluyendo las masivas encarcelaciones, el uso de detenciones arbitrarias, la implementación de un nuevo Código Penal que intensifica la censura, indica un preocupante desprecio por las libertades fundamentales", señala el movimiento global que agrupa a más de 10 millones de activistas.
"Aunque Cuba aceptó en 2022 la recomendación de asegurar que las personas encarceladas sean tratadas con dignidad y humanidad, de acuerdo con las normas mínimas para el tratamiento de los prisioneros, Amnistía Internacional ha recibido múltiples informes desde entonces de maltrato continuo en las prisiones, violaciones del derecho al debido proceso y el uso de detención incomunicada.
Este 26 de marzo fue aprobado el informe final del Grupo de Trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Habana aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarían nota de 41.
"Señor Presidente, Amnistía Internacional insta a Cuba a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluyendo al líder de oposición, José Daniel Ferrer García, a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo y a los sacerdotes yorubas y personas presas de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro", indicó la investigadora.
Cilano insta a las autoridades cubanas "a cesar de someter a activistas de derechos humanos y periodistas, a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluyendo arresto domiciliario de facto".
"Cuba también debe derogar los artículos del nuevo Código Penal que criminalizan la disidencia y limitan la libertad de expresión, de acuerdo con las recomendaciones", recibidas en el EPU.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, consta que la delegación de La Habana afirmó que "la detención arbitraria, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes estaban prohibidos en Cuba", que "no había presos políticos en el país" y que nadie estaba privado de libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos".
Los representantes del régimen comunista dijeron que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
También informaron que sus propias autoridades han realizado 6.400 inspecciones de centros penitenciarios y que "en los últimos cinco años, se había sancionado a 144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".
La declaración oral de Amnistía Internacional pide a Cuba que implemente recomendaciones para abolir la pena de muerte y ratifique, sin reservas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También sugiere adherirse al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y adoptar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), mecanismo que permite investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Foro