El gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida a la decisión del gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y sumarse a los esfuerzos impulsados por Washington para desmantelar ese organismo.
Según un comunicado del Departamento de Estado, la administración estadounidense considera que la CPI carece de credibilidad, independencia y legitimidad.
La nota sostiene que la CPI ha investigado al exgobernante venezolano Nicolás Maduro desde 2018 sin obtener resultados y acusa al tribunal de ejercer una jurisdicción excesiva, actuar con sesgo político y aplicar la ley de forma selectiva.
El texto afirma que el organismo ha dirigido recursos contra personas de países con sistemas judiciales independientes que no reconocen su jurisdicción.
El Departamento de Estado también señaló que Maduro enfrenta actualmente cargos ante un tribunal de Estados Unidos y atribuyó esa situación al liderazgo del presidente Donald Trump y a las acciones de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses. F
Washington reiteró su llamado a los Estados miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la corte.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la semana pasada una estrategia gubernamental para limitar la capacidad de la Corte Penal Internacional de investigar o actuar contra militares y funcionarios estadounidenses.
Estados Unidos sostiene que la CPI no tiene autoridad sobre sus ciudadanos porque no forma parte del Estatuto de Roma, mientras critica las investigaciones abiertas por la corte sobre personal militar y de inteligencia estadounidense.
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