El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visados e imposición de nuevas restricciones a personas en Nicaragua señaladas por colaborar en la inmigración ilegal hacia territorio estadounidense.
Las medidas alcanzan a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que, según Washington, brindaron servicios para asistir a extranjeros con intención de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Las acciones se amparan en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe la entrada de individuos cuyas actividades puedan tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
El Departamento confirmó que está revocando visados vigentes e imponiendo otras restricciones para impedir el ingreso de estas personas al país.
Investigaciones del gobierno estadounidense señalan que estas entidades facilitaron viajes a través de Nicaragua, aprovechando políticas migratorias permisivas implementadas por el régimen nicaragüense. Según la declaración oficial, estas prácticas desestabilizan la región y fomentan la migración irregular hacia Estados Unidos.
Thomas "Tommy" Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, dijo que "Estados Unidos no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional o sus leyes de inmigración".
La administración reiteró su compromiso de desmantelar redes de contrabando, exigir rendición de cuentas y proteger la integridad de sus fronteras.
"El régimen de Murillo-Ortega permitió que Nicaragua sirviera de trampolín sin visa para quienes explotaban las caóticas y grotescamente irresponsables políticas de fronteras abiertas de Biden en su tránsito ilegal hacia Estados Unidos, incluso lucrándose de este esquema al cobrar tarifas de hasta 200 dólares para cruzar territorio nicaragüense y socavando directamente la seguridad nacional de Estados Unidos", denunció en X el congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart.
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