Los más recientes informes de derechos humanos en Cuba denuncian el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró centenares de arrestos y violaciones a los derechos humanos en la isla, durante el mes de noviembre, muchos de ellos durante los festejos por el 500 aniversario de la fundación de la Ciudad de La Habana.
El grupo con sede en España documentó al menos 218 detenciones arbitrarias en noviembre principalmente en las provincias La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
El informe mensual asegura que "decenas de afectados fueron además detenidos violentamente, multados y amenazados por la policía. La mayoría de los arrestados intentaban celebrar actividades políticas en las sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otra provincia o municipio del país. Varios fueron sitiados en sus casas para impedir que salieran a la calle durante las celebraciones por el aniversario 500 de la ciudad de La Habana".
El OCDH denunció además la implementación del Decreto-ley No. 389, que incluye la vigilancia electrónica, pues considera que viola los derechos humanos al atentar contra el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones.
"El gobierno de Cuba tiene un largo historial de utilización de los recursos técnicos para intervenir y después airear públicamente comunicaciones entre personas que no cometen delito alguno", remarca el informe.
El recién fundado Centro Cubano de Derechos Humanos también publicó este martes su informe de represión en Cuba.
Marta Beatriz Roque, supervisora de la iniciativa, en declaraciones a Radio Televisión Martí explicó que en noviembre documentaron el arresto de 196 personas.
"En muchos casos las detenciones se están sustituyendo por personas que no dejan salir de casa", apuntó la defensora de derechos humanos y agregó entre otras formas de hostigamiento la prohibición de salida del país y la imposición de multas arbitrarias.
En esto coincide un informe publicado esta semana por la Fundación de Derechos Humanos para Cuba, que profundiza en las nuevas tácticas represivas empleadas en los últimos tiempos por el régimen cubano en vista de la mayor visibilidad que han ganado los opositores y la ciudadanía en general con los dispositivos móviles y las redes sociales.
"Se ha enfrentado con una población mucho más entrenada en el uso del teléfono, para sacar fotografías y para mandarlas a Internet", dijo en entrevista con Radio Televisión Martí Juan Antonio Blanco, director de la fundación que tiene su sede en Miami.
El reporte reconoce que los métodos alternativos de la represión en Cuba son:
"Bloquear salidas del país para eventos o entrenamientos (los llamados “regulados”). Desde mayo hasta noviembre de 2019, el Instituto Patmos había documentado hasta fines de noviembre 210 ciudadanos “regulados”, una condición que generalmente se les comunica cuando ya están en el aeropuerto listos para partir.
Recrudecer medidas administrativas contra personas que no militan en organizaciones opositoras, pero que son consideradas críticas. Para esto, se incrementa el uso de represores de cuello blanco organizando expulsiones de centros laborales o retiros de licencias de trabajo por cuenta propia, Y presionando a funcionarios civiles de nivel bajo o medio para que asuman la responsabilidad por los asesinatos de reputación y las sanciones. El caso más relevante de los últimos meses fue el de la historiadora del arte Omara Ruiz Urquiola, una brillante profesora del Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana que refutó todos los pretextos alegados para expulsarla. Su impopular despido fue avalado en un artículo por la Viceministra primera de Educación Superior Martha Del Carmen Mesa Valenciano, alegando que «Quien no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario».
Inmovilizar a los activistas dentro de sus viviendas, anulando así sus reuniones y otras actividades. Este ha sido el método sistemáticamente usado contra las Damas de Blanco y otros opositores en los últimos dos años, pero viene siendo aplicado de forma creciente contra periodistas como Luz Escobar del diario digital independiente 14ymedio. Un agente de la Seguridad del Estado que se identifica como Ramsés le ha advertido en tres ocasiones a Escobar que si sale de su casa será detenida. El arresto domiciliario extrajudicial contra la reportera, quien no tiene ninguna causa pendiente con la judicatura cubana, es una novedad en la represión que busca anular las actividades de críticos y disidentes sin tener que conducirlos a una estación ni levantarles un acta policial.
Fabricar casos de criminalidad común para justificar condenas a prisión de líderes opositores o figuras prominentes de la sociedad civil independiente. Luego de pagar un alto precio por las severas condenas por delitos contra la Seguridad del Estado y la Ley Mordaza contra 75 activistas opositores y de derechos humanos, periodistas, bibliotecarios y sindicalistas independientes, la policía política construye estos casos desvirtuando su militancia política. Así fue sentenciado el periodista independiente y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, luego de que intentara cubrir un juicio a unos pastores religiosos y fuera detenido y golpeado; y ahora se espera que sea enjuiciado por un supuesto secuestro y golpiza a un ciudadano el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Ofrecer pactos o ultimátum para que abandonen el país a personas incómodas, amenazándolas con mayor represión si se quedan. En dos detenciones seguidas el líder del Frente Antitotalitario Unido (FANTU) y Premio Sajarov 2010 del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, ha sido invitado a exiliarse, a lo que Fariñas se ha negado, so pena de ser encarcelado más adelante."
