La relación diplomática entre Perú y Cuba atraviesa un momento delicado tras la salida definitiva del embajador cubano Carlos Zamora, luego de una reunión con el vicecanciller peruano Félix Denegri Boza el pasado 28 de octubre, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
"El vicecanciller convocó al embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, a fin de dialogar con él respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú. A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva", anuncia un comunicado de Exteriores.
Desde hace varios años, distintos sectores del Congreso han cuestionado al diplomático cubano, acusándolo de promover manifestaciones contra autoridades nacionales. En 2023, la legisladora peruana de Avanza País, Rosselli Amuruz Dulanto, pidió al Congreso de la República que declara persona no grata a Zamora, así como también a su esposa Maura Juanperez; citando actos vandálicos “promovidos desde el exterior del país".
Esto ocurre en la misma semana en que el Congreso peruano votó a favor de declarar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum persona non grata, agravando la crisis diplomática generada por la concesión de asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de participar en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
Chávez había sido puesta en libertad bajo fianza en septiembre de 2025 mientras esperaba juicio por su presunta participación en el intento de golpe a la presidencia de Pedro Castillo en 2022.
La nota oficial del gobierno peruano manifiesta "profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes"
Desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional, apunta el comunicado, citando casos –no solo vinculados al Perú–, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política.
"El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales", agrega.
En este sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que por disposición del presidente de la república, planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954, para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo.
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