Tras ser rechazado el recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a cumplir su sentencia de tres años de privación de libertad a la prisión 1580 de La Habana.
“En vez de aceptarle la apelación (casación) lo que hicieron fue meterlo preso. Hace 15 días, aproximadamente, vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca- que hay tres- porque yo estoy enfermo..., y lo metieron para 1580, que se necesita por lo menos 6 mil pesos para pagar máquina para viajar”, dijo a nuestra redacción, el exprisionero político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés.
“La abogada hizo una apelación que no sé cómo no la han metido presa a ella, porque todos los incumplimientos, y todo lo que hizo mal el tribunal, lo expone”, subrayó.
En su argumento de casación, al que Martí Noticias tuvo acceso, la jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Sardiñas, un trabajador por cuenta propia conductor de bicitaxis.
El opositor fue aprehendido el 19 de febrero e internado en la unidad policial de Marianao, desde donde fue trasladado este martes a cumplir su pena por el cargo de “otros actos contra la seguridad del Estado”.
El Código Penal cubano considera delitos contra la seguridad del Estado los de rebelión, sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, propaganda enemiga y sabotaje, entre otros.
El 2 de noviembre de 2023, el tribunal encontró culpables a los tres encausados: Jorge Luis Boada Valdés, Johan Carlos Izquierdo Terán y Domínguez Sardiñas de mostrar “públicamente su antipatía contra el sistema de Estado Socialista y su principal dirigente”, y los relacionó con los grupos de enlaces comunicativos por WhatsApp “Unidos por Cuba Libre” y “Somos Anticastristas”, en los que cubanos en el exterior afirmaron, presuntamente, financiar actos subversivos contra el régimen.
Antes de la vista oral, el activista estuvo recluido dos meses en el cuartel general de la policía política, en La Habana, y seis en el penal Valle Grande, hasta que la defensora logró que las autoridades fiscales aprobaran un cambio de medida de prisión preventiva por reclusión domiciliaria, disposición que le fue revocada para internarlo en un establecimiento penitenciario.
Además de los ya sentenciados, al menos siete cubanos aún permanecen en prisión preventiva, inculpados por recibir financiamiento para hacer “Actos contra la Seguridad del Estado”.
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