La nueva Ley de Memoria Democrática podría declarar "ilegales" la Fundación Francisco Franco y otras asociaciones que reivindiquen la dictadura sufrida por España entre 1936 y 1978.
Sin embargo, las entidades o partidos políticos subvencionados por el Estado podrán continuar exaltando a regímenes totalitarios como los de Cuba o Venezuela.
"El ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a España y al periodo que abarca, desde el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil, la Dictadura de Franco, el exilio, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978", respondió por escrito a Radio Televisión Martí una fuente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno español.
A la pregunta de si la ley afectaría a asociaciones españolas financiadas con dinero público, que defienden explícitamente el castrismo y el chavismo, o reivindican regímenes totalitarios como el de Stalin, la fuente oficial señaló: "No nos consta que existan en España asociaciones financiadas con dinero público como las que usted describe".
La red del castrismo
"En España existe al menos un centenar de organizaciones, algunas subvencionadas por administraciones públicas, que exaltan a dictaduras u otros regímenes autoritarios. Incluso, hay partidos políticos, con representación en el Gobierno y en el Congreso, que defienden abiertamente los intereses del castrismo y el chavismo", afirma Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
No hay que investigar mucho para encontrarlos. Unidas Podemos (UP), el partido encabezado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió en 2020 casi cinco millones de euros en subvenciones del Estado.
Para Iglesias, Fidel Castro es "un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana".
La lista de elogios al dictador cubano, manifestaciones o eventos, por parte de UP, Izquierda Unida o el Partido Comunista de España, es de conocimiento público.
La ONG Euskadi-Cuba, registrada en el País Vasco, ha escenificado polémicas por recibir dinero público para justificar las violaciones de los derechos humanos en isla.
En respuesta a los comentarios de la Vicepresidencia del Gobierno, un concejal del opositor Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria se muestra categórico: "Yo sí he tenido constancia".
"Aquí la asociación Euskadi-Cuba, que en sus propios estatutos e ideario defiende al régimen castrista, se presentaba a las convocatorias de subvenciones y se les financiaba", afirma Alfredo Iturricha, entonces responsable de Cooperación para el Desarrollo en la capital del País Vasco.
En 2011, el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) denunció el apoyo financiero del Gobierno regional vasco a esa ONG, en especial sus "actividades propagandistas de persecución de los derechos humanos y a favor de la dictadura cubana".
Según UPyD, el Gobierno vasco había destinado más de 665.000 euros al medio digital Cubainformación, "cuya única misión es loar a los dirigentes de la dictadura cubana y pretender vilipendiar y desprestigiar a cualquier opositor al régimen castrista".
Euskadi-Cuba, Cubainformación y otras tantas organizaciones castristas pueden dormir tranquilas. Para la nueva ley española, la "apología de regímenes totalitarios" significará, única y exclusivamente, elogiar a Franco.
¿Ley totalitaria o necesaria?
En Madrid, el presidente de la Fundación Hispano Cubana y exdiputado del Partido Popular, Guillermo Gortázar, considera que "la ley del gobierno socialcomunista tendrá corto alcance", porque "se propone echar abajo el espíritu de reconciliación de la Transición de 1978".
"Esta es una ley totalitaria. Socialistas y comunistas pretenden defender unas dictaduras [actuales]. Y sin embargo, se preocupan de una situación de conflicto civil muy intenso que, desgraciadamente, sufrimos en 1936", explica Gortázar.
En su opinión, "los políticos no están para hacer una interpretación de los acontecimientos históricos, ni para votar la historia, sino para votar leyes de futuro de un país, no leyes del corrección del pasado. Eso es totalmente de Lenin, Stalin, Mao y Fidel Castro".
En cambio, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), celebra la tramitación de la norma.
"Hace cuatro años y medio presentamos en el Congreso 128.000 firmas para pedir que fuera ilegalizada la Fundación Francisco Franco y cualquier otra que tenga entre sus objetivos el enaltecimiento de quienes promovieron o participaron en violaciones de derechos humanos", señala.
Según los represaliados, la Fundación Francisco Franco disfruta de "un régimen fiscal denunciable".
"Si alguien hoy le dona cien euros para enaltecer la figura del dictador, el año que viene el Gobierno democrático le devuelve 72 en sus impuestos. Por tanto, el propio Gobierno está fomentando que esa fundación reciba dinero para sus actividades", argumenta Silva.
En relación con los límites geográficos o supuestamente ideológicos de la ley, el presidente de la ARMH se inclina por no profundizar: "No conozco que haya fundaciones o asociaciones así [defensoras de dictaduras de izquierdas con dinero público]. Es evidente que rechazamos cualquier violación de derechos humanos, allí donde suceda, pero nuestro ámbito es España".
A su abuelo, cuenta Silva, lo asesinó la dictadura de Franco. "Lo dejaron tirado en una cuneta, como a un perro, durante 64 años", recuerda.
La Ley de Memoria Democrática de España declarará "nulas" las condenas dictadas por tribunales franquistas, promoverá la identificación de los muertos que permanecen en fosas comunes y convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil de homenaje a las víctimas de ambos bandos.
