El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abordó este miércoles en Ginebra la situación en Venezuela, país azotado por una crisis humanitaria, social, política y económica desde hace años.
Las naciones miembros están analizando los informes sobre Venezuela presentados por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Brasil denunció que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela traicionó la confianza de la alta comisionada y del pueblo venezolano para usurpar funciones y perpetuar a Nicolás Maduro en el poder.
La delegación colombiana recordó que la crisis en Venezuela generó un éxodo sin precedentes, y que millones de ciudadanos han tenido que buscar refugio en otros países. Subrayó que lo importante ahora es permitir elecciones libres y fomentar la independencia de la Justicia.
El problema de la falta de independencia en materia jurídica también fue destacado por la delegación de España.
Mientras, la delegación argentina instó al régimen de Maduro a cumplir las recomendaciones hechas por Bachelet, y los representantes de Croacia lamentaron que la pandemia de coronavirus ha complicado aún mas la situación en el país petrolero.
Para la República Checa es fundamental exigir a Venezuela que permita la entrada de una misión de observación del Consejo de Derechos Humanos. Japón también dio su apoyo a una misión de investigación.
Dinamarca, por su parte, dijo que en Venezuela hay tortura y persecución de opositores, y violaciones constantes de los derechos de las comunidades indígenas.
UN Watch, una organización no gubernamental que observa las acciones de la ONU, también criticó la represión en Venezuela, aunque la intervención de su representante fue interferida en varias ocasiones por la delegación cubana.
Hillel Neuer, representante de UN Watch, recordó que el Consejo de Derechos Humanos expulsó a Libia de la organización en el 2011. Con Venezuela hay que hacer lo mismo, dijo Neuer.
También lamentó que países como Cuba, China y Rusia estén apoyando a Venezuela y ayudando a Maduro a permanecer en el poder.
La ONG Cepaz dijo en su intervención que el gobierno está criminalizando a los venezolanos que regresan al país tras haber tomado la decisión de huir de la crisis. Para Cepaz, la declaratoria del estado de alarma en Venezuela es utilizada para profundizar la política de persecución.
La ONG Provea, con sede en Caracas, advirtió hace un par de días de que Maduro ha incumplido la gran mayoría de las recomendaciones hechas por Bachelet.
(Fuentes: Provea, Cepaz, ONU, UN Watch, agencias de prensa)