Human Rights Watch denunció el martes “la falta de independencia” y la decapitación de partidos políticos opositores emprendida en Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impuso el régimen de Nicolás Maduro.
“El Tribunal Supremo de Venezuela, que es un apéndice del ejecutivo, demostró su absoluta falta de independencia al designar a partidarios del gobierno como máximas autoridades de tres partidos políticos opositores y del Consejo Nacional Electoral”, dice un comunicado emitido por la organización.
Al hacerlo, socava los derechos de los venezolanos a elecciones libres y justas y a la libertad de asociación, indica el texto.
El mismo martes, ese Tribunal intentó deslegitimizar el liderazgo de Voluntad Popular, que encabeza Leopoldo López y al cual pertenece Juan Guaidó. Los sustitutos son partidarios de Maduro que tendrían derecho a identificarse con el nombre y con el logotipo del partido de oposición en los próximos comicios parlamentarios.
En junio, los jueces impuestos por el régimen hicieron lo mismo con otros dos partidos, Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia.
“Cuando un poder judicial que responde a Maduro descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos y deja en evidencia que ya no queda ni una fachada de proceso democrático”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“El derecho de los venezolanos a votar por sus candidatos favoritos reclama unas elecciones libres y justas en las cuales todos los partidos y todos los candidatos tengan una oportunidad razonable de presentar sus ideas al electorado”, añadió Vivanco.
La semana pasada, observa HRW, el chavismo anunció la celebración de comicios legislativos el 1ro de diciembre para llenar 277 asientos en la Asamblea Nacional, un incremento de 110 escaños con respecto a los 167 de su acostumbrada composición. Eso parece indicar un primer paso, según HRW, para tomar la legislatura.
Los sustitutos impuestos por el TSJ en los tres partidos tendrán toda la potestad para restructurarlos, cumplirán funciones administrativas y designarán las autoridades de cada uno a los niveles regionales, municipales y locales. Podrán también modificar sus estatutos.
“Nuestra postura es que no se puede luchar por elecciones libres, participando en fraudes y farsas electorales organizadas por quienes buscan callar la voluntad del pueblo”, escribió en Twitter Leopoldo López, quien continúa refugiado en la Embajada de España en Caracas. “Nuestro partido, fiel a la lucha por la libertad de Venezuela, no obedece imposiciones dictatoriales”.
Los dirigentes de Voluntad Popular impuestos por el TSJ son José Gregorio Noriega, expulsado del partido por su implicación en un escándalo de sobornos para deshacerse de Juan Guaidó; Guillermo Luces, expulsado también por apoyar a un candidato oficialista, y Lucila Ángela Pacheco, ex diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Parra y Noriega fueron sancionados recientemente por la Unión Europea y Estados Unidos”, subraya la declaración de HRW.
La cúpula chavista está siguiendo el guión del régimen de Cuba, le dijo a la corresponsal de Radio Televisión Martí en Venezuela, Aymara Lorenzo, el analista político José Luis Duque.
“Esto es calcado, o como se estableció el régimen castrista, utilizando nuevas herramientas”, opinó el experto. “No llegan bajo la lucha armada, aquella falsa dicotomía que se hacía la izquierda de la ‘liberación de los pueblos’. Ahora llegan con las armas propias de la democracia, sobre todo las elecciones”.
