Estados Unidos emitió este jueves una declaración sobre Cuba durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que resaltó la falta de libertades y la represión a la sociedad civil independiente en la isla.
La funcionaria estadounidense Michele Roulbet no pudo terminar la declaración por excederse del tiempo reglamentario.
A continuación puede leer el texto íntegro:
Declaración de Estados Unidos sobre Cuba:
La transición presidencial de abril volvió a privar al pueblo cubano de cualquier elección real en la configuración del futuro de su país; los mismos actores están a cargo, muchos solo con títulos diferentes, seleccionados en un proceso que no fue ni libre ni justo. El gobierno concentró el sistema contra candidatos independientes, ninguno de los cuales fue candidato a escaños en la Asamblea Nacional, que seleccionó al presidente.
El gobierno cubano continúa criminalizando a la sociedad civil independiente y restringe severamente las libertades de expresión, asociación, religión o creencia y el derecho de reunión pacífica. De manera rutinaria, aplica leyes para silenciar a periodistas y críticos, y castiga a quienes trabajan para expandir el acceso a la información y la libertad de expresión para los que están en Cuba.
Finalmente, en un intento por silenciar las voces de la oposición, el gobierno continúa usando detenciones arbitrarias y con motivaciones políticas, tortura, acoso y prohibiciones de viaje. Ejemplos recientes de esto incluyen a aquellos que intentaron monitorear la transición presidencial antidemocrática; aquellos que han abogado por el cambio político; y aquellos a quienes se les impidió participar en la Cumbre de las Américas 2018 en Lima.
Recomendamos a Cuba:
Reformar su sistema de partido único para permitir elecciones multipartidistas genuinamente libres y justas que brinden a los ciudadanos opciones reales con respecto a su gobierno.
Detener la práctica de arrestar arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos, incluso de forma preventiva, y adoptar un marco legal que garantice la independencia judicial.
Liberar arbitrariamente a personas detenidas o encarceladas por reunirse pacíficamente, investigar e informar sobre actividades gubernamentales, o expresar disidencia política, y permitirles viajar sin restricciones tanto a nivel nacional como internacional.
