El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) conversó este sábado con el diario nicaragüense La Prensa y aseguró que el gobierno de Donald Trump impondrá más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y que esta vez no se tratará únicamente de medidas contra personas, como las anteriormente dictadas a partir de la Ley Global Magnitsky, sino que se exploran nuevas opciones.
El diplomático, de origen cubano, anunció que las sanciones van a incluir “a todo individuo que esté violando los derechos humanos, incluyendo el entorno familiar de Ortega” y sostuvo que se aplicarán “todas las sanciones posibles contra el Gobierno de Nicaragua” con el objetivo de que “cambie el sistema de opresión que está existiendo hoy en día en Nicaragua”.
“Las cosas no pueden seguir como están yendo (en Nicaragua). Creo que pensar que todo está bien, que las cosas se van a resolver solas, no es cierto. Sé que la sociedad civil y Alianza (cívica) lo entienden, espero que el Gobierno también acepte que las cosas en Nicaragua tienen que cambiar y lo más antes posible”, aseveró el diplomático en entrevista con la periodista nicaragüense Judith Flores, radicada en Miami.
Una de las vías para propiciar ese cambio al que se refiere el embajador Trujillo es la reinstalación del Diálogo Nacional, tarea que persigue el Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA, al que esperan se sume el gobierno del designado presidente Daniel Ortega, el que ha rechazado al grupo por considerarlo “injerencista”.
Estados Unidos integra ese Grupo, creado el pasado 9 de agosto mediante resolución del Consejo Permanente de la OEA con el voto de 20 naciones de 35 países miembros, cuyo objetivo es supervisar la situación en Nicaragua y aportar soluciones para una salida pacífica a la crisis.
El Grupo de Trabajo está formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Perú, Costa Rica y México.
Trujillo, que accedió a hablar vía telefónica con el rotativo La prensa en calidad de representante de la misión de Estados Unidos en el Grupo, señaló que esa comisión especial busca propiciar el retorno al diálogo, un interés que indicó lo ha demostrado la sociedad civil y la Alianza Cívica, y que esperan también lo tenga y lo demuestre con acciones el gobierno de Daniel Ortega, dando reinicio, pero advirtió, “de buena fe”.
Añadió que el Grupo de Trabajo quiere recopilar toda la información sobre Nicaragua para conocer lo que ocurre en el país. A la misma vez planifican reunirse con la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de los encuentros que sostendrán con diferentes actores y relacionados con el caso del país centroamericano.
A través de una nota de prensa, leída por el canciller Denis Moncada, el gobierno de Daniel Ortega aseguró que no recibirá al Grupo de Trabajo de la OEA, alegando “injerencismo”. “No son bienvenidos a nuestro país; por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio”, dice el documento.
“Vimos los informes donde (el Gobierno de Nicaragua) dice que no va a aceptar el Grupo (de Trabajo) de la OEA. No vamos a reaccionar a lo que diga el Gobierno de Nicaragua, ya han aceptado varios de los grupos de la OEA: el grupo de la CIDH (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, Meseni), el grupo técnico (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI), y de las Naciones Unidas. El compromiso del Grupo de Trabajo para Nicaragua es cómo podemos crear condiciones para que el Gobierno y la Alianza regresen a la mesa”, manifestó el embajador.
“Nosotros no hemos tenido nada que ver con las protestas que se realizan (en Nicaragua) desde el 18 de abril hasta la fecha. Es el pueblo nicaragüense que está cansado de la opresión y de la falta de democracia y, de oportunidades en el país, eso no tiene nada que ver con la OEA”, recalcó.
Los expertos que integran el GIEI denunciaron el jueves pasado que el Gobierno de Nicaragua no les ha proporcionado la información necesaria para ayudar en la investigación de los hechos de violencia en el país, ocurridos en el marco de las protestas antigubernamentales.
Trujillo catalogó esa acción del gobierno de Ortega como “sumamente preocupante”, algo que asegura no van a aceptar.
“Ya invitaron al grupo técnico (GIEI). Ahora tienen que darle la oportunidad de desarrollar su trabajo. Nosotros no vamos a aceptar que el Gobierno ahora niegue que el Grupo complete su trabajo para realizar los informes apropiados”, advirtió.
El embajador añadió que la cacería que realiza el Gobierno de Nicaragua a través de los grupos paramilitares, en conjunto con la Policía Nacional, no contribuye a la solución de la crisis.
“No ayuda la violencia que ha desatado el Gobierno para una salida pacífica al conflicto, no ayuda a que la comunidad internacional tenga confianza en las intenciones del Gobierno”, subrayó.
Advirtió que los responsables de violaciones a los derechos humanos deberán responder por sus actos ante la Ley.
“Las personas que estén violando los derechos humanos serán juzgadas. Es algo que lo hemos dicho varias ocasiones. Si piensan que, porque están en Nicaragua y están protegidos ahora por el Gobierno no van a tener su día de justicia, están equivocados porque todo va a salir a la luz. Las personas que hayan cometido violencia contra civiles, violaciones a los derechos humanos van a tener su día y van a ser juzgadas”, afirmó.
El diplomático reiteró que Estados Unidos estudia un abanico de opciones no solo de carácter individual con leyes como la Global Magnitsky Act, a través de la cual han sido sancionados cuatro funcionarios del entorno cercano a Ortega. El Congreso y el Senado trabajan en ese sentido para la aprobación de dos propuestas legislativas de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.
Se trata del Nica Act aprobada en la Cámara Baja en 2017, y la “Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la lucha contra la Corrupción en Nicaragua”, que tiene como propósito acabar con la represión gubernamental que ha ocasionado entre 317 y 448 muertos, cerca de tres mil heridos y más de un centenar de presos políticos desde el pasado 19 de abril, revelan informes de organismos de derechos humanos internacionales y nacionales.
“Tanto la congresista Ileana Ros-Lehtinen como el senador Marcos Rubio y otros senadores están bien interesados en el avance del Nica Act, y también están interesados en aplicar todas las sanciones posibles para que haya cambios democráticos en Nicaragua”, certificó.
Los cancilleres de Brasil y Ecuador expresaron a EFE preocupación de sus gobiernos por las crisis que atraviesan Nicaragua y Venezuela. El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, y José Valencia, de Ecuador, se pronunciaron a favor de una salida en pleno respeto a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela.
“Compartimos nuestra preocupación por los refugiados venezolanos y por la represión generalizada en Nicaragua”, declaró el canciller brasileño durante la reunión de una comisión bilateral celebrada en Brasilia.
Miles de nicaragüenses han emigrado producto de la represión gubernamental.
(Con información del diario nicaragüense La prensa)
