Con el fin de recuperar activos en el extranjero se investigará al expresidente boliviano Evo Morales y a 592 personas que ejercieron funciones en sus casi 14 años de gobierno, informaron el miércoles las autoridades bolivianas.
Morales, el exvicepresidente Álvaro García, exministros, exviceministros y exjefes de gabinete, entre otros exfuncionarios y sus familias, serán investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en la administración del Estado.
“Esta investigación espera determinar quiénes hayan derivado recursos del Estado fuera del país ya que muchos salieron asilados”, explicó el director general de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutschel.
Por su parte, el ministro de Justicia Álvaro Coimbra sostuvo que “en el último tiempo muchos exfuncionarios del ex gobierno están poniendo inmuebles a nombre de otras personas. Se están realizando poderes y pretenden legalizarlos en diferentes consulados y embajadas. Y eso nos llama la atención”.
Morales, quien el 10 de noviembre renunció presionado por la falta de apoyo de las fuerzas de seguridad y se asiló en México para posteriormente refugiarse en Argentina, rechazó la investigación al señalar en su cuenta de Twitter que “el ministro de Justicia de facto viola la CPE (Constitución Política del Estado)” al “presumir la culpabilidad” de 592 exfuncionarios del partido Movimiento al Socialismo (MAS) -el cual lidera- y sus familias.
“Se pone por encima de los jueces dictando condena sin un juicio previo”, señaló el exgobernante, quien acusó al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez de ser “violento” y “sembrador de pruebas falsas”.
Paralelamente en La Paz, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que Morales debe volver al país para responder por las denuncias de sedición y terrorismo que él le abrió tras conocerse un video en el que presuntamente el exmandatario ordenaba cercar algunas ciudades tras su renuncia.
A su vez aseguró que ha dado la orden a Interpol de activar la aprehensión internacional de Morales, aunque la Fiscalía General del Estado informó que desconoce esa medida.
“Acá están las esposas para llevarlo a (la cárcel de) Chonchocoro y no por política, no por persecución; por terrorista, por tratar de amedrentar a un pueblo”, sostuvo Murillo.
El exgobernante renunció asediado por fuertes protestas en rechazo al supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre, de las que se proclamó ganador. La Organización de Estados Americanos (OEA) encontró irregularidades en el conteo de votos y sugirió anular los comicios. Las nuevas elecciones se realizarán el 3 de mayo.
En tanto, la madrugada del miércoles la policía detuvo en el aeropuerto de La Paz a una mujer que intentaba llevar casi 100.000 dólares en una mochila a Argentina.
“Ella es la exsecretaria, asistente del exministro (de la Presidencia Juan Ramón) Quintana... este dinero era para financiar a Evo Morales, a su acto que tiene previsto este 22 de enero en Argentina”, expresó Murillo.
La mujer, identificada como María Palacios, negó la acusación.
Quintana fue el brazo derecho de Morales y es uno de los nueve exfuncionarios asilados en la residencia de la embajada de México en La Paz.
La ley boliviana no permite sacar del país altos montos de efectivo sin declararlos.
Morales fue presidente por tres periodos continuos y en varias ocasiones reconoció que una de las debilidades de su gobierno fue la corrupción.
Desde Argentina, donde llegó el 12 de diciembre acompañado de la exministra de Salud Gabriela Montaño y el excanciller Diego Pary -entre otros exfuncionarios-, el primer presidente indígena de Bolivia ha afirmado que fue víctima de un golpe de Estado. El exgobernante dirige la campaña electoral del MAS, que no ha definido a su candidato para las elecciones.
