La Red de Cultura Inclusiva demandó al Estado cubano la implementación y promulgación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad.
“En Cuba no existe una ley que proteja a las personas con discapacidad atemperada a la Convención de la ONU sobre los derechos de estas personas”, comentó a RadioTelevisión Martí Juan del Pilar Goberna, quien junto a a Acelia Carvajal, Juan Carlos Linares, Elena Ferrer, Elena Lamarche y Daniurka González, firmó una carta con este fin que se envió al gobernante Miguel Díaz-Canel, al presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, entre otras altas autoridades del país.
“No estamos pidiendo nada extraño, hay muchos países que ya tienen esta ley”, apuntó Goberna.
Por su parte, Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, señaló en conversación con RadioTelevisión Martí, que la petición también llegó a las asociaciones que tienen una fachada no gubernamental pero que en realidad fueron creadas por el régimen y responden a su política e ideología, como la ANCI (Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales), la ANSOC (Asociación Nacional de Sordos de Cuba) la ACLIFIM (Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores), entre otras.
“La discriminación política, de estirpe ideológica, está presente en los estatutos de estas organizaciones porque establecen que las personas con discapacidad que van a integrar su membresía tienen que defender a la Revolución Cubana y al sistema socialista”, dijo Linares.
Los estatutos de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores aprobados por el IV Congreso de la agrupación en 2006 establecen entre los deberes de sus asociados “Apoyar decididamente cualquier actitud que adopte la Asociación en defensa de la Patria y en la preservación de los derechos conquistados por nuestra Revolución Socialista”.
En el octavo Congreso de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI), celebrado a principios de diciembre de este año, el gobernante Miguel Díaz Canel ratificó la política discriminatoria de estas asociaciones para las personas con discapacidad dirigidas por el propio régimen al asegurar que “la Revolución continuará defendiendo y propiciando la incorporación de ustedes a la vida ideológica, económica y social de la nación”.
Otro punto por el que la Red exige esta ley especial, subrayó el presidente del grupo, es el relacionado con “los entornos accesibles, que tiene que ver con la arquitectura urbana, la falta de rampas, la falta de elevadores, la falta de señalizaciones para las personas sordas o con déficit de audición; en los semáforos, los pisos podotáctiles para que las personas que no tienen visión puedan guiarse y también el acceso a una educación inclusiva”.
En su misiva, la organización independiente afirma que una ley es indispensable para crear las condiciones requeridas para la rehabilitación de estas personas, mejorar su calidad de vida y su autonomía personal, así como su inclusión y participación social.
La Red de Cultura Inclusiva igualmente instó en su carta al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de los discapacitados.
“La legislación cubana restringe la capacidad jurídica de las personas con discapacidad específicamente de las personas sordas y las personas que tienen discapacidad intelectual por la falta de señalizaciones de los derechos específicos que existen para estas personas que en la legalidad cubana no están o están muy dispersos en otras leyes”, amplió Linares.
La organización requirió que se prohíba la discriminación bajo cualquier condición de discapacidad, que se garantice la despolitización de las organizaciones de discapacidad, que se reconozca el derecho a recibir una educación inclusiva en todos los niveles de enseñanza, que se aplique la Norma Nc391 para implementación de obras arquitectónicas accesibles y que se garantice la existencia de organizaciones dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad.
De igual manera, afirmó que este sector de la sociedad se encuentra desprotegido, al no contar con una ley que unifique los contenidos que versan sobre discapacidad en distintos códigos y que regule de manera específica y suficiente sus derechos.
“Estos mismos cuerpos legales no utilizan un lenguaje y terminología acordes a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.”
“Se encontraron 68 documentos legislativos y más de 115 instancias en las que utilizaron términos inadecuados como discapacitados, minusválidos, incapacitados, entre otras expresiones que contribuyen a la estigmatización y marginación de las personas con discapacidad”, expresaron los miembros de la red en su requerimiento a las autoridades.
La red también recordó al Estado cubano que han pasado más de 10 años desde que Cuba firmó y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidad y aún el estado cubano no ha promulgado una ley que los proteja.
Asimismo, reclamó que se tengan en cuenta las recomendaciones que el Comité́ sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló́ al Estado cubano en su 21 período de sesiones en 2019, donde se solicitó que se contemplen, explícitamente, la integración de los elementos de protección de los derechos de todos los tipos de discapacidades, constituidos en una ley general para las personas que padecen estas limitaciones.
