Exiliados cubanos criticaron este viernes el Programa de Cooperación Bilateral, firmado entre las Fiscalías Generales de Cuba y España, y anunciaron la petición de explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez, a través de canales oficiales y los partidos de oposición.
“Vamos a presentar una petición a Pedro Sánchez, para saber por qué se ha tomado esta decisión, a sabiendas de que existe represión en Cuba y de que hay menores de edad secuestrados y presos políticos. Y a través del Partido Popular, presentaremos una consulta directa al gobierno”, adelantó Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
El acuerdo firmado pretende “profundizar en la protección de los menores de edad y las mujeres víctimas de violencia”, según informó la parte española en un comunicado de prensa.
El Programa de Cooperación bilateral fue suscrito por la Fiscal General de España, Dolores Delgado, y su homóloga, la Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, en un encuentro virtual donde también participaron por la parte cubana Luis Alberto Pérez López, Fiscal Jefe de Secretaría de la Fiscal General, Patricia María Rizo Cabrera, Fiscal Jefe de la dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones Internacionales, Caridad Sabo Herrera, Fiscal Jefe de la dirección de Comunicación Institucional y Joaquina Naranjo Gómez, Fiscal Jefe de la Escuela Nacional de Fiscales.
Por su parte, la Fiscalía cubana dijo que “ambas partes ratificaron la voluntad y el interés en continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación bilaterales” para “aprender los unos de los otros”.
“España sigue sin entender cuál es la naturaleza de la dictadura cubana, que justamente en el último año se ha comportado de forma abusiva con sus ciudadanos”, lamentó el activista Yunior García Aguilera, quien además recordó que “los tribunales han condenado a decenas de menores de edad”.
Para el dramaturgo, el acuerdo “legitima a tribunales que han cometido injusticias contra la ciudadanía”.
“Es intolerable que los tribunales cubanos sean vistos como normales”, cuando “las sentencias son órdenes que bajan desde el Partido Comunista”, denunció.
Menos contundente se mostró el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, el juez Edel González, exiliado en España, quien considera como “válidos” este tipo de acuerdos.
“Todos los convenios de colaboración que pueda tener Cuba con cualquier país son válidos, en el entendido de que cada gobierno establece relaciones de trabajo y de perfeccionamiento de la labor que hacen, de acuerdo a sus intereses”, afirmó González.
El problema, en su opinión, es que “las instituciones con las que se interactúan, no tienen todo el nivel de información sobre cómo se desarrolla la justicia en Cuba, sobre el tema de la imparcialidad y la independencia”.
“Le corresponde a la sociedad civil independiente establecer relaciones de trabajo con estas propias estructuras, en paralelo a lo que haga el gobierno de Cuba. Nunca veo los diálogos y las relaciones interinstitucionales como una cosa negativa. Lo negativo es la pasividad y la desinformación que tienen las otras personas que interactúan con Cuba”, dijo el magistrado.
Según la Fiscalía General del Estado de España, el acuerdo con La Habana también contiene un “apartado especial”, con políticas de prevención contra la prostitución, la explotación y la trata de seres humanos.
