Representantes de grupos del exilio cubano en Miami y de la oposición interna pidieron este lunes al presidente Donald Trump activar la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que “trafican” con propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.
“Son los Títulos III y IV de la Ley de Libertad Cubana, Helms-Burton. El primero permite la acción legal en contra de empresas internacionales que están invirtiendo en Cuba en propiedad robada a sus legítimos dueños y el segundo, que no se emitan visas estadounidenses a los empresarios que desde un tercer país lucran con las referidas propiedades”, dijo Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana en el acto celebrado en el mausoleo a los caídos en la Invasión por Bahía de Cochinos.
“Pensamos que son medidas claves, en un momento clave para castigar a un régimen comunista que no deja de oprimir al pueblo de Cuba y que ha ocupado a Venezuela y Nicaragua”, agregó Gutiérrez.
Por su parte, el opositor cubano Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, que viajó desde Placetas, Villa Clara, dijo sentirse optimista porque “sabemos que la medida implica una esperanza más para el pueblo de Cuba”.
“Estamos conscientes de que cuando finalmente se implemente la ley, la libertad de Cuba estará más cerca”, agregó.
Desde su creación en 1996, el Título III de la Helms Burton ha sido suspendido consecutivamente cada seis meses por los gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.
Los presentes, poco más de medio centenar, firmaron la documentación requerida que sustenta la petición, y una pancarta que mantuvieron desplegada durante el acto pidiendo la implementación de la Ley, que también será enviada a la Casa Blanca, dijeron los organizadores.
En enero pasado, la Casa Blanca suspendió el Título III por solo 45 días y después por otros 30 días, que vencen el próximo 17 abril, coincidiendo con el 58 aniversario de Bahía de Cochinos.
El Título III permitiría a todos los estadounidenses entablar un litigio civil en los tribunales contra aquellos que trafiquen o se beneficien de las propiedades que les arrebató el régimen cubano. La demanda puede radicarse contra este último o contra una empresa o ciudadano privado.
Silvia Yriondo, de la agrupación Madres contra la Represión en Cuba, consideró que la iniciativa frena los intentos del régimen de continuar minando los valores democráticos de EEUU y de la región. “No solo restaría recursos al régimen para continuar reprimiendo dentro de Cuba sino también en sus esfuerzos para seguir ocupando países como Nicaragua y Venezuela.”
Manuel Zalba, abogado de Justicia Cuba, indicó que la petición está avalada por el ordenamiento jurídico de una ley que hace muchos años ha estado sin aplicarse.
“La represión aumenta cada vez más, no solo en Cuba, sino también en los países satélites del régimen y esas inversiones no benefician al pueblo de la isla, todo va a las arcas del estado”, dijo el letrado nacido en Miami, de padres españoles, y con licencia para ejercer en España.
“Me siento muy dolido de que ningún gobierno español, sea el socialista, el de centroderecha, ninguno ha denunciado con valentía la situación de nuestros hermanos cubanos, que somos hermanos de sangre y espíritu y tenemos que estar siempre del lado de la libertad”.
El 4 de marzo último, el Departamento de Estado anunció que ciudadanos estadounidenses y cubanoestadounidenses podrían interponer demandas a unas 200 entidades estatales cubanas por adueñarse de bienes confiscados.
Gutiérrez recordó que el Título III no afecta a las propiedades residenciales, solo a las comerciales valoradas en más de 50 mil dólares que fueron confiscadas a sus legítimos dueños y en las cuales está invirtiendo una corporación foránea.
La ley Helms-Burton, nombrada así por sus promotores republicanos, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, fue promulgada tras el derribo en aguas internacionales, por parte de aviones de la Fuerza Aérea de Cuba, de dos avionetas del grupo anticastrista "Hermanos al Rescate", y la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un exiliado cubano residente en Estados Unidos.
“Esto fue un castigo al régimen. Veintitrés años después no se ha hecho justicia como prometió el presidente Clinton, enjuiciar a los culpables de estos asesinatos a sangre fría, ni tampoco se ha implementado la Ley Libertad Cubana”, sentenció Yriondo.
