Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, presentada el lunes por la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las ONG que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado.
A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de los tres integrantes de la ONG FundaRedes detenidos el viernes, deja en evidencia que las “fallas estructurales” del Gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad.
“Pone de manifiesto la falta de sustento fáctico de el maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de los derechos humanos, todo para que la fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano”, sostiene.
Para Juan Francisco García, coordinador de FundaRedes en Apure, el pronunciamiento de Bachelet sobre la detención de los activistas fue “muy débil” y considera que “falta mucha presión internacional” para que las cosas sean distintas en Venezuela.
“De nada sirven todas las leyes internacionales, las medidas internacionales si no se cumplen. El derecho internacional y las instituciones democráticas tienen que voltear la mirada y tomar acciones contundentes contra este régimen que día a día nos oprime y que es capaz de todo”, dijo a la VOA.
Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que, si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio, el organismo sigue siendo “tímido” en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
“Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores”, expresó.
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de un comunicado, rechazó el contenido del informe al que calificó de “falaz” y “tendencioso”.
“Este informe es el resultado de una Resolución impulsada por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, que se complotaron para satisfacer la política de “cambio de régimen” impulsada por los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela”, destaca el texto.
La cancillería agregó que el gobierno venezolano “ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo” con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
