Damaris Quintana Fuentes, una cubana de 51 años, fue asesinada el pasado 29 de septiembre en su vivienda, ubicada en el municipio Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río.
“Debido a la violencia que padeció y otros indicios que muestran sesgo de género, este caso califica de feminicidio”, informaron en un comunicado conjunto los observatorios de Género Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC).
El asesinato de Damaris eleva a 63 la cifra de crímenes machistas registrados en Cuba por las organizaciones independientes entre enero y octubre de 2023.
Este miércoles, las activistas pidieron ayuda para esclarecer la muerte de una maestra cubana en Manzanillo, provincia de Granma. La mujer, identificada como Bárbara Rodríguez Guerra, tenía 41 años y dos hijas menores de edad.
Familiares, amigos y exestudiantes suyos confirmaron en Facebook días antes su fallecimiento.
“El dolor es muy fuerte, me cuesta aceptar y creer”, escribió una usuaria que se identifica como Lía Pérez el pasado 21 de septiembre.
“Le quitaron la vida cruelmente”, precisó en uno de los comentarios de la publicación.
Yanelys Núñez, coordinadora general del OGAT, explicó recientemente a Martí Noticias que los observatorios necesitan triangular la información para incluir los crímenes en el subregistro de feminicidios que desde 2019 realizan de conjunto con YSTCC.
Hasta la fecha las activistas tienen información de cinco intentos de feminicidio, un asesinato por motivos de género y otros cinco casos que requieren acceso a la investigación policial: el de Yailén Bodaños Morales (Matanzas), Miriam Insern Mompié (Manzanillo), Flavia Herrera Rodríguez (La Habana) y Elba Yipsi Pérez Álvarez (Santiago de Cuba) y Yaidelin Figueredo, conocida como Negrita (Granma).
“El Estado continúa sin desarrollar una estrategia global para combatir la discriminación contra la mujer y no ha dado ningún paso relevante hacia el reconocimiento de la existencia de los feminicidios y la necesidad de combatir la violencia machista. Todo esto está ocurriendo frente a la inmovilidad de las instituciones y al cero pronunciamiento por parte de las organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)”, precisó Núñez a nuestra redacción.
Esta misma semana salió a la luz el caso de Karina Ríos, una joven madre de dos hijos, que fue brutalmente golpeada por su expareja el pasado seis de octubre en La Habana. Su primo, Oscar Ramírez Sardiñas, contó al medio independiente Cubanet que el hombre la mantuvo casi 20 horas atrapada en un carro y luego la dejó tirada en un lugar conocido como “el cementerio de los perros”, en Alamar.
Los golpes le provocaron fractura interna de cráneo y un edema craneal. Karina no habla con fluidez, no reconoce a sus hijos y apenas puede valerse por sí misma. Oscar explica que aunque ha ido varias veces a la Policía todavía no saber qué pasará con el agresor.
“Sé que él tiene un buen padrino que es jefe. También sé que su familia está pagando dinero para sacarlo de ahí con la sanción mínima. Por eso hago pública esta historia para que no haya impunidad. No confío en la justicia de mi país”, dijo.
Cuba no reconoce los feminicidios en su Código Penal vigente y los propios funcionarios del régimen han reconocido públicamente deficiencias en las acciones de la Policía para combatir la violencia machista. De hecho, varias de las mujeres asesinadas este año habían denunciado a sus agresores.
Odelsys Valcárcel, secretaria general de la FMC en Ciego de Ávila, aseguró a finales de agosto pasado que la Policía no está preparada para atender las denuncias de las mujeres, “pues en no pocas ocasiones no encuentran el respaldo que merecen”.
En la isla no existen órdenes de alejamiento para los agresores durante la tramitación de las denuncias. Los observatorios han hecho un llamado por tercer año consecutivo a las autoridades para que declaren el estado de emergencia en el país, un mecanismo que contempla esta y otras iniciativas de protección a las víctimas. No ha habido respuesta.
Recientemente el OGAT presentó en Ginebra, Suiza, un informe sobre la violencia machista en Cuba durante las sesiones previas al Examen Periódico Universal (EPU).
En el documento, exigen al régimen de La Habana una ley integral contra la violencia de género y crear una red de refugios para las sobrevivientes, entre otros reclamos.
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