El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha pedido a los países de América Latina encontrar una definición común a los crímenes machistas contra las mujeres, ya que las diferentes tipologías que se usan dificultan un análisis general de la problemática y hace que estos, en muchos casos, no sean juzgados como lo que son.
“La discrepancia entre definiciones y tipos penales lleva implícitas otras condiciones que dificultan la integridad y el registro de datos de calidad sobre el feminicidio en la región. No todas las tipificaciones son adecuadas para enmarcar el acto como delito y asignar una pena por feminicidio. Además, la dificultad de acreditar determinados tipos penales provoca que el feminicidio se juzgue y penalice como homicidio. La ausencia de protocolos de investigación con perspectiva de género agrava el problema”, señala el más reciente informe del BID.
A diferencia de otros 18 países de la región, Cuba no reconoce la ocurrencia de feminicidios ni lo tiene tipificado en su actual código penal. Aunque la prensa estatal ha mencionado en varios de sus artículos el término “femicidios”, el Observatorio de Igualdad de Género (OCIG) recientemente lanzado por las autoridades ni siquiera lo incluye en sus documentos.
La cifra de crímenes machistas en Cuba en 2023 (54) ha superado en casi una veintena los subregistros de períodos anteriores. En 2022, los observatorios de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron 36 feminicidios, mientras que el observatorio estatal apenas recoge 18 crímenes y los aborda como “mujeres que han sido víctimas de homicidio intencional como consecuencia de la violencia de género”.
La Red Femenina de Cuba y otras cuatro organizaciones independientes de la sociedad civil firmaron una declaración tras el lanzamiento del OCIG en la que cuestionan el compromiso del Gobierno con los derechos de las mujeres y exigen el cese de la criminalización del activismo feminista.
“Actualmente, las instituciones públicas cubanas existentes para representar o defender los intereses y derechos de todas las mujeres, lo hacen desde la condicionalidad política. No pueden responder siquiera, a los derechos de las mujeres”, indican.
Solo en el mes de julio se comprobaron siete feminicidios en la isla. El último registrado fue contra una joven de 31 años, identificada como Ruselay Castillo Matos, asesinada por su pareja en el poblado Humberto Álvarez, perteneciente al municipio de Cárdenas, en la provincias Matanzas.
Una semana antes los observatorios habían confirmado otros tres feminicidios: Rosy Ponce Peña, de 23 años de edad, residente en la localidad de Güines, provincia de Mayabeque; Leidy Mariam Durruty García, de 32 años, asesinada en San José de las Lajas, Mayabeque; y Adela García en el municipio Jovellanos, Matanzas.
En varios de los casos registrados hasta la fecha las víctimas denunciaron a sus agresores y pidieron ayuda a las autoridades días antes de ser asesinadas. La Policía nunca los detuvo. Un ejemplo es el de Ponce Peña, asesinada por su expareja y padre de su hijo.
“Llamamos la atención sobre las denuncias previas realizadas por la joven y desatendidas por parte de la policía de Güines, además del uso de un arma de fuego casera en este crimen irreparable”, recogía el comunicado del OGAT sobre lo sucedido. El agresor se entregó cinco días después de lo sucedido.
La escalada de crímenes machistas ha llevado a varias organizaciones y miembros de la sociedad civil a exigir al régimen de La Habana que declare estado de emergencia en el país, un mecanismo que ayudaría no solo a prevenir la violencia sino a brindarle protección las víctimas. Hasta el momento la petición no ha recibido una respuesta por parte del oficialismo.
“Pedimos tanto a los familiares de las víctimas como a la ciudadanía que si tienen algún tipo de información que no los hagan llegar por nuestros canales porque es importante denunciar los feminicidios, contabilizarlos, analizarlos… Con el objetivo, sobre todo, de ejercer fuerza al gobierno para que implemente políticas públicas que contribuyan a la prevención de la violencia machista para que estas muertes no continúen ocurriendo”, explicó recientemente a Martí Noticias Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas.
La Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) ha elaborado una guía como marco de referencia para la recolección sistemática y unificada de las estadísticas sobre feminicidios en América Latina y el Caribe. El estándar contiene 67 atributos que “son claves para identificar un feminicidio y calificarlo como tal, más allá del homicidio. Es decir, permiten incluir el enfoque de género en la investigación del crimen”, dice el BID.
Foro