El líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lanzó un llamado a los cubanos dentro y fuera de la isla para convertir el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada global de denuncia, resistencia cívica y reclamo de libertades fundamentales.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Ferrer aseguró que ha llegado el momento de dejarle claro “a la tiranía y al planeta entero” que el pueblo cubano exige vivir en libertad, que reclama el respeto pleno de sus derechos como seres humanos y que aspira a una nación con justicia, economía de mercado, Estado de derecho y prosperidad.
El opositor animó a los ciudadanos de la isla a tomar parte activa en esta fecha mediante acciones pacíficas y creativas: llenar el país, “desde Maisí hasta San Antonio”, con graffitis que lleven las letras DH, de Derechos Humanos, así como otras frases a favor de la libertad, del respeto a los presos políticos y contra la represión; realizar cacerolazos y manifestaciones relámpago que permitan evitar la identificación inmediata por parte de las fuerzas represivas.
A la diáspora cubana, asentada en ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y otras regiones, Ferrer pidió organizar manifestaciones y concentraciones que muestren la unidad del exilio y su apoyo a quienes dentro de la isla continúan enfrentando la represión.
“Juntos somos más fuertes”, reiteró el líder opositor, al convocar también a inundar las redes sociales con imágenes de las acciones que se realicen dentro de Cuba y en cualquier parte del mundo.
El llamado coincide con una fecha de profundo simbolismo histórico para la nación cubana. El 10 de diciembre de 1948, Cuba jugó un papel esencial en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El entonces embajador cubano ante la ONU, Guy Pérez de Cisneros, tuvo el honor de presentar a votación el proyecto final de la declaración, después de que la delegación cubana impulsara, desde las primeras sesiones de la Asamblea General en Londres, la necesidad de un documento internacional que garantizara los derechos fundamentales de todas las personas.
Pérez de Cisneros recordó en su discurso que fue el jurista cubano Ernesto Dihigo, destacado profesor de la Universidad de La Habana, quien elaboró y presentó el primer borrador oficial que serviría de base para la declaración. El embajador subrayó el orgullo de Cuba por haber liderado una iniciativa que, tras años de trabajo, se convertiría en uno de los textos más trascendentales de la historia contemporánea.
Setenta y seis años después de aquel momento, la realidad cubana contrasta duramente con ese legado. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la situación actual en la isla es cada vez más grave, marcada por un deterioro acelerado de las libertades, un aumento de la represión y una crisis social y económica que golpea a la mayoría de la población.
El OCDH ha documentado un crecimiento constante de las detenciones arbitrarias, especialmente contra activistas, opositores, artistas y ciudadanos que expresan descontento. El Código Penal aprobado en 2022 ha ampliado las sanciones para criminalizar aún más la crítica al gobierno, lo que, sumado a la falta de una justicia independiente, ha dejado a la ciudadanía sin vías legales para defenderse. Las cifras de presos políticos superan ampliamente el millar, mientras la libertad de expresión, de asociación y de manifestación continúa severamente restringida.
A esta crisis política se suma un panorama económico devastador. El 89% de los cubanos vive hoy en extrema pobreza, según datos del OCDH. Se reportan situaciones de hambruna, escasez crónica de alimentos, deterioro profundo de los servicios básicos y un colapso del sistema de salud.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la respuesta del gobierno ante cualquier intento de protesta es siempre la misma: represión sistemática, vigilancia, detenciones, amenazas y castigos ejemplarizantes.
La convocatoria de José Daniel Ferrer, en este crítico escenario, busca recuperar el sentido original del 10 de diciembre. Su llamado pretende unir a la nación dentro y fuera del territorio, fortalecer la documentación ciudadana de abusos y sumar apoyo internacional para una transición democrática que garantice justicia, libertades y un futuro digno para todos los cubanos.
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