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Fiscalía reabre caso contra Anna Bensi y su madre

Anna Sofía Benítez Silvente, creadora de contenidos conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente.
Anna Sofía Benítez Silvente, creadora de contenidos conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente.

Sumario

  • “Vinieron del tribunal a mi casa. Reabrieron el caso que habían archivado el 13 de abril. El policía ‘ofendido’ supuestamente presentó la querella. Ahora mi mamá y yo volvemos a estar bajo el mismo proceso”, escribió Benítez en su cuenta de Facebook.
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La creadora de contenido e influencer cristiana cubana Anna Sofía Benítez informó este lunes que las autoridades reabrieron el proceso penal en su contra y el de su madre, Caridad Silvente, meses después de que un tribunal archivara el caso.

“Vinieron del tribunal a mi casa. Reabrieron el caso que habían archivado el 13 de abril. El policía ‘ofendido’ supuestamente presentó la querella. Ahora mi mamá y yo volvemos a estar bajo el mismo proceso”, escribió Benítez en su cuenta de Facebook.

El centro de asesoría legal Cubalex denunció que la medida constituye un nuevo episodio de hostigamiento por documentar la actuación de un agente policial. Ambas habían sido investigadas previamente por el presunto delito de “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos” y permanecieron bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria antes de que el caso fuera archivado.

El proceso se originó después de que Silvente grabara con su teléfono móvil a un agente del Ministerio del Interior mientras este entregaba una citación oficial en su vivienda. El policía sostiene que la difusión del video vulneró su derecho a la intimidad y lo expuso a amenazas tras la divulgación de su identidad en redes sociales.

La organización rechazó ese argumento y afirmó que “grabar a un policía en ejercicio de sus funciones no viola su intimidad” y constituye un mecanismo legítimo de control ciudadano. Cubalex sostuvo además que la legislación cubana y los estándares internacionales de derechos humanos amparan ese tipo de registros y acusó al Estado de utilizar el sistema penal para “intimidar, silenciar y castigar” a quienes documentan la actuación de funcionarios públicos.

“Grabar no es delito. Es una herramienta de protección. Es un acto de defensa de derechos”, afirmó la organización, que pidió el cese inmediato del proceso judicial y del “hostigamiento” contra Benítez y su madre.

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