La Procuraduría General de Brasil ha pedido investigar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de varios delitos de corrupción, por hacer gestiones políticas a favor de la constructora Odebrecht en relación con el financiamiento y la ejecución de obras en Cuba, aseguró el miércoles el diario O Estado de Sao Paulo (Estadao), que tuvo acceso a la lista, mantenida bajo resguardo para no perjudicar las investigaciones.
La petición relacionada con Cuba, que involucra también al ex ministro y actual gobernador del estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, forma parte de 25 solicitudes hechas por la fiscalía brasileña al Supremo Tribunal Federal (STF).
Estadao señala que según las declaraciones del presidente y heredero de la constructora, Marcelo Odebrecht, enviadas por la Fiscalía al ministro relator en el STF para la investigación de la llamada Operación Lava-Autos, Edson Fachin, Lula y Pimentel actuaron a fin de viabilizar las obras de la compañía en el puerto cubano de Mariel.
“Según el Ministerio Público, los colaboradores apuntan a una actuación de agentes públicos para ayudar al financiamiento y la ejecución de obras en Cuba por el Grupo Odebrecht. Marcelo Bahia Odebrecht habría relatado la actuación política de Fernando Pimentel y Luiz Inacio Lula Da Silva a fin de que fuesen viabilizadas las obras de la compañía en el puerto de Mariel en Cuba, informaciones que fueron complementadas por Joao Carlos Mariz Nogueira y Emilio Alves Odebrecht”, anotó Fachin.
Recientes declaraciones del patriarca del grupo, Emilio Odebrecht, indican que Lula se involucró en el proyecto por petición del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y habría presionado para conseguir financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) para la primera fase del proyecto de megapuerto cubano.
BNDES aportó $ 862 millones de los $ 957 millones que costó esa primera etapa, enfocada en la construcción por Odebrecht de una gran terminal de contenedores, y el dragado del puerto situado al oeste de La Habana.
Los términos del financiamiento y otros documentos fueron sellados hasta 2027 por Pimentel, quien fuera ministro de Desarrollo del gobierno de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, alegando secreto bancario. Posteriormente, gracias a una decisión judicial que ordenó publicar los documentos se ha conocido que se ofrecieron a Cuba términos blandos equivalentes a subsidios, y que se desestimaron las recomendaciones de los asesores financieros.
Las declaraciones de los dos Odebrecht y del director Joao Carlos Mariz Nogueira fueron enviadas a Fachin, quien encomendó las pesquisas a la Procuraduría de la República en el Distrito Federal.
[Basado en un reporte de Estadao]
