Heredaderos de la entidad finaciera cubana Banco Núñez, confiscada por el gobierno de Fidel Castro, demandó en una corte de Miami al banco francés Société Générale (SocGen) por casi 800 millones de dólares por hacer negocios con la propiedad incautada hace unos 60 años.
En una demanda presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de EEUU en Miami, 14 nietos de Carlos y Pura Núñez, que eran los dueños de Banco Núñez, piden que SocGen se responsabilice por hacer negocios con el Banco Central de Cuba, que nacionalizó la propiedad de sus abuelos, confirmó a Radio Televisión Martí el abogado de la familia Javier A. López.
Las reclamaciones por traficar con propiedades confiscadas en Cuba a ciudadanos estadounidenses están hechas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, dedicado a la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos de Estados Unidos.
Consulte el texto de la Ley Helms-Burton
La ley fundamental de Estados Unidos para Cuba es la de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Helms-Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento.
El Título III establece que "cualquier persona que tres meses después de la promulgación de esta ley y en lo adelante trafique con propiedades confiscadas por el gobierno cubano a partir del 1ro de enero de 1959, será responsable ante cualquier ciudadano estadounidense que demande compensación monetaria por esa propiedad".
El abogado explicó que el reclamo de cerca de $800 millones responde al ingreso de Banco Núñez entre los años 58 y 59 "cuando el gobierno comunista de Castro se robó la propiedad" con un valor entonces de unos 8 millones de dólares.
"El estatuto Helms-Burton dice que ese monto cada año cobra un interés de 6%" triplicado, lo que al cabo de 60 años suma aproximadamente la cifra reclamada, señaló López.
La demanda se presentó ocho meses después de que SocGen aceptara pagar $ 1.34 mil millones y firmar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para resolver cargos regulatorios de EEUU y el estado de Nueva York por manejar miles de millones de dólares de transacciones relacionadas con Cuba y otros países bajo las sanciones de estadounidenses.
Los demandados disponen de 30 días para responder a la reclamación legal.
