Human Rights Watch llamó el martes a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) a entregar de forma incondicional a todas las personas secuestradas y dar a conocer qué sucedió con aquellas que han muerto.
“A lo largo de Colombia, muchas comunidades vulnerables sufren gravísimos abusos a manos del ELN, y un acuerdo de paz podría eventualmente paliar esta situación”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, el hecho de que las negociaciones de paz estén estancadas no es excusa para que la guerrilla retenga a sus rehenes, violando sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario”.
Se desconoce la cantidad exacta de personas que la organización mantiene en cautiverio. El 18 de octubre, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno, Miguel Ceballos, indicó a periodistas que son “más de diez” las personas secuestradas por el ELN. Varios periódicos han divulgado listas de 10 personas presuntamente secuestradas, algunas podrían haber muerto durante el secuestro. Tal es el caso de Javier Enrique Alvernia González, secuestrado en enero de 2014. Un comandante de la Policía indicó a la prensa en 2016 que Alvernia González había muerto en cautiverio.
El ELN ha señalado en reiteradas ocasiones que el derecho internacional humanitario (DIH) no prohíbe los secuestros. El 21 de septiembre, la guerrilla tuiteó que el “secuestro no existe en el DIH. Detenciones de soldados, policías y contratistas por parte del ELN es una acción legítima”.
Las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN se han suspendido desde que Iván Duque asumió la presidencia, en agosto de 2018. Duque ha manifestado que su gobierno está dispuesto a reanudar las conversaciones si la guerrilla desiste de los secuestros, libera a todas las personas cautivas y pone fin “a toda actividad criminal”.
El 19 de octubre, Pablo Beltrán, el comandante del ELN que encabeza el equipo de negociación del grupo, manifestó a la prensa que las liberaciones deben tratarse en la mesa de negociación.
Detener a una persona para obligar a otras a realizar una acción para lograr su liberación constituye una toma de rehenes, lo cual es un crimen de guerra, explicó Human Rights Watch.
“El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes y esta es una obligación que no puede estar sujeta a negociaciones”, destacó Vivanco.
(Información publicada por Human Rigths Watch en su sitio web)
