El informe anual 2017 del Departamento de Estado norteamericano sobre prácticas de derechos humanos en el mundo incluyó "torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes a personas percibidas como opositores políticos" en su apartado sobre los problemas más importantes detectados en ese campo en Cuba durante el período.
Entre estos se documentaron además: condiciones penitenciarias tan severas que ponen en riesgo la vida humana; detenciones y arrestos, en ocasiones violentos, por motivos políticos; una total falta de independencia de los tribunales; procesos judiciales que en la práctica dejan a los acusados sin más alternativa que defenderse a sí mismos y tratar de probar su inocencia; y la existencia de presos políticos en las cárceles.
Abusos físicos
"Hubo informes, sin embargo, de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos por parte de otros reclusos con la aquiescencia de los guardias", dice el reporte del Departamento de Estado publicado el viernes.
"Hubo informes de que la policía agredió a detenidos o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos", denuncia el reporte anual.
En el inciso dedicado a la tortura y otros tratos y castigos crueles el informe se extiende sobre el caso del artista del graffiti y disidente político Danilo Maldonado, de nombre artístico “El Sexto”.
Señala que las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron encarcelado a Maldonado del 26 de noviembre de 2016 al 21 de enero por pintar con un aerosol "Se fue" en un edificio la noche de la muerte de Fidel Castro.
Según el artista, las autoridades de la prisión lo mantuvieron desnudo y el Día Internacional de los Derechos Humanos lo confinaron en régimen de aislamiento; pusieron sedantes en sus alimentos; lo golpearon y amordazaron al menos en una ocasión; y difundieron el rumor de que sería asesinado a tiros durante un simulado intento de fuga.
El denunciante relató que las autoridades lo trasladaron a seis cárceles diferentes durante el período de ocho semanas para dificultar que su familia y su novia lo visitaran; las visitas le eran rutinariamente canceladas, denegadas o reprogramadas; y no se le proporcionó el tratamiento médico adecuado.
Violación de libertades y derechos
El Resumen Ejecutivo del acápite dedicado a Cuba toma nota asimismo de que continuaron las interferencias arbitrarias en la privacidad, incluidas operaciones de registro y requisas domiciliarias y la vigilancia y censura de las comunicaciones privadas.
La libertad de expresión continuó circunscrita a las manifestaciones que "se ajusten a los objetivos de la sociedad socialista", con una estricta censura que castiga incluso a quienes distribuyan ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se mantuvieron las prohibiciones a la importación de materiales informativos; el control estricto de todas las formas de prensa; las restricciones a la Internet, incluyendo una severa limitación en su disponibilidad y bloqueos de sitios web.
También se restringió la libertad académica, castigando cualquier desviación de la línea oficial del gobierno; penalizando las críticas a dirigentes del gobierno; y limitando severamente la libertad académica y cultural, incluido el acceso a materiales de las bibliotecas.
En cuanto a los derechos de reunión se coartaron en aquellos casos en que el gobierno consideró que se ejercían "contra la existencia y los objetivos del estado socialista"; criminalizando reuniones de tres o más personas que no hubieran sido autorizadas por las autoridades, y empleando actos de repudio planificados por el gobierno en forma de turbas organizadas para asaltar y dispersar a quienes se reunieran pacíficamente.
Solo se permitió participar en el proceso político a aquellos que contaran con la aprobación del gobierno. En ese sentido el gobierno pospuso las elecciones municipales de octubre debido a los esfuerzos de recuperación relacionados con el huracán Irma, pero las llevó a cabo en noviembre, aunque no fueron ni libres ni justas. Una comisión de candidaturas controlada por el Partido Comunista decantó a todos los candidatos, y el gobierno trabajó activamente para bloquear a los que no contaran con el aval del Partido.
La libertad de asociación fue denegada al rechazarse el reconocimiento de asociaciones independientes; se continuó limitando la libertad de movimiento interno y externo; los sindicatos independientes siguieron prohibidos y se reportaron casos de corrupción oficial, trabajos forzados y trata de personas.
La mayoría de los abusos contra los derechos humanos en la isla fueron perpetrados por funcionarios del gobierno, obedeciendo órdenes de sus superiores, y la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, denuncia el Departamento de Estado en el apartado Cuba de su informe anual 2017 sobre prácticas de derechos humanos.
A continuación algunos apuntes de este informe:
Prisioneros políticos
El reporte destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de prisioneros políticos y la negativa a brindar acceso a prisiones y centros de detención a organizaciones humanitarias internacionales y, especialmente, a las Naciones Unidas.
“El número exacto de presos políticos fue difícil de determinar, aunque las organizaciones independientes de derechos humanos estimaron que había entre 65 y 100 presos políticos”, indica el informe.
En el capítulo dedicado a Cuba también se señala la falta de transparencia gubernamental y las sistemáticas violaciones a los debidos procesos, artificios que permiten al gobierno procesar a activistas pacíficos bajo cargos criminales y “peligrosidad precriminal”.
“El gobierno usó la designación de "contrarrevolucionario" para los reclusos considerados como oposición política, pero no publicó esos números. El gobierno monitoreó de cerca a las organizaciones que rastrean a las poblaciones de prisioneros políticos, que a menudo enfrentan hostigamientos por parte de la policía estatal”, detalla.
El informe menciona especialmente el caso de Eduardo Cardet, director de la la organización de derechos humanos Movimiento Cristiano Liberación, condenado a tres años de prisión por agresión a un oficial de la policía.
Amnistía Internacional declaró a Cardet un prisionero de conciencia y explicó que fue arrestado porque criticó a Fidel Castro y su gobierno, en los días posteriores al fallecimiento del mandatario comunista. En varias ocasiones su familia ha denunciado irregularidades en su proceso legal y en el tratamiento que recibe en prisión, explica el documento.
Libertad de Expresión
Sobre la libertad de expresión el informe indicó que el gobierno de Cuba ha mostrado “poca tolerancia al ejercicio de la crítica pública de los funcionarios y programas gubernamentales y limitó el debate público sobre temas considerados políticamente sensibles”.
El texto detalló que la Seguridad del Estado acosó regularmente a los organizadores de foros independientes que intentaron debatir temas culturales y sociales, para limitar así el análisis de aspectos de la vida nacional considerados como “controvertidos”.
Las presiones, -dijo el informe-, fueron desde vigilancia con cámaras hasta agresiones y detenciones contra activistas. Algunos, entre ellos profesores y estudiantes universitarios fueron incluso censurados, degradados o expulsados de sus centros de trabajo por organizar eventos independientes.
Entre los casos que sobresalen está la estudiante de Periodismo Karla María Pérez, expulsada de la Universidad Martha Abreu en abril del 2017 por sus ideas políticas y por pertenecer al movimiento opositor Somos Más.
El Departamento de Estado dijo que grupos religiosos informaron sobre una mayor libertad para expresar sus opiniones en misas y reuniones, aunque la mayoría en la cúpula religiosa siguió ejerciendo la autocensura.
Sobre la libertad de prensa y de medios, el texto apuntó a que el gobierno comunista es “el propietario de todos los medios impresos y la radiodifusión”.
El gobierno “también limitó la importación de materiales impresos” y “los corresponsales extranjeros tuvieron acceso limitado y, a menudo, se les negaba entrevistas con funcionarios”, expresó el informe.
Además explicó que el gobierno prohibió a periodistas estatales colaborar con medios alternativos, mientras que reporteros independientes no fueron reconocidos y a con frecuencia detenidos.
El informe incluyó la censura contenida en la propia ley que prohíbe la distribución de materiales impresos catalogados como “contrarrevolucionarios” o críticos del gobierno.
Internet
El Departamento de Estado criticó la manera en que el régimen cubano controla el uso de internet en la isla y selecciona de manera intencional a quienes otorga el acceso de este servicio en los hogares.
“El gobierno restringió el acceso a Internet y hubo informes fidedignos de que monitoreó sin la debida autorización legal el uso de correos electrónicos, redes sociales, salas de chat en Internet y navegación por parte de ciudadanos y extranjeros”, plantea el reporte.
Excepto “unas pocas misiones diplomáticas y un número pequeño, pero creciente de redes subterráneas”, todo el control pasaba por manos del estado cubano, asevera el informe.
En el mismo año 2016 en que las autoridades cubanas aumentaron los puntos de acceso Wi-Fi y redujeron el precio de la conexión a internet, indica el documento, también “revisaron el historial de navegación de los usuarios, y censuraron y revisaron el correo electrónico, y bloquearon el acceso a al menos 41 sitios web considerados objetables”.
Aunque las leyes no son específicas aún en este campo, en Cuba es ilegal tener una antena parabólica que proporcione acceso a Internet sin censura. “El gobierno restringió la importación de enrutadores inalámbricos, atacó activamente puntos de acceso inalámbricos privados y confiscó estos equipos”, señala la declaración.
Otra cuestión importante, referente a la seguridad de las personas que son críticas al régimen está expresado en el mismo texto:
“El uso de software cifrado y la transferencia de archivos cifrados también son ilegales. A pesar del acceso deficiente, el acoso y los desafíos de infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantuvo blogs en los que publicaron opiniones críticas con el gobierno, con la ayuda de amigos desde el extranjeros que a menudo construían y mantenían los sitios de blogs fuera de Cuba”, señaló el informe.
"Al igual que otros críticos del régimen, los bloggers enfrentaron el hostigamiento del gobierno, incluida la detención y los abusos físicos”, apuntó el Departamento de Estado.
Libertad de movimiento
Continuaron las restricciones a la libertad de circulación en el país, los viajes al extranjero y la migración con derecho a devolución. El gobierno también controló la migración interna. Las personas que buscan migrar legalmente enfrentaron interrogatorios policiales, multas, acoso e intimidación, incluido el despido involuntario del empleo.
La ley establece penas de prisión de hasta tres años o una multa de 500 pesos (CUP) ($ 20) para los "balseros" que se lanzan al mar por primera vez. La mayoría de las personas atrapadas intentando salir a través del mar fueron detenidas brevemente. En el caso de desertores militares, de la policía, o aquellos que viajan con niños, el castigo podría ser más severo.
Según los términos de los Acuerdos de Migración entre Cuba y Estados Unidos de 1994-95, el gobierno acordó no enjuiciar ni tomar represalias contra los migrantes que regresaran de aguas internacionales o de EE. UU. o de la Estación Naval de Guantánamo, después de intentar emigrar ilegalmente si no han cometido ningún penal anterior.
Movimiento en el país: La Constitución cubana dice que todos los ciudadanos pueden viajar a cualquier parte del país, los cambios de residencia a La Habana se restringieron. La comisión local de vivienda y las autoridades del gobierno provincial deben autorizar cualquier cambio de residencia. El gobierno multa a las personas que viven en un lugar sin la autorización de estos organismos y enviarlos de vuelta a su lugar de residencia legalmente autorizado
La ley permite a las autoridades excluir a un individuo de un área determinada dentro del país, o restringir a un individuo a un área determinada, por un máximo de 10 años. Según esta disposición, las autoridades pueden exiliar internamente a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado se considere "socialmente peligrosa". Los disidentes informaron que las autoridades les impidieron salir de sus provincias de origen o las detuvieron y las devolvieron a sus hogares a pesar de no presentar restricciones escritas o formales contra ellos.
Viajes al extranjero: el gobierno siguió requiriendo que varias clases de ciudadanos obtuvieran permiso para viajar como emigrantes, incluido personal médico altamente especializado; personal militar o de seguridad; muchos funcionarios gubernamentales, incluidos los académicos; y muchos ex prisioneros políticos y activistas de derechos humanos.
(Redactado por Rolando Cartaya con información del Departamento de Estado)
