El Observatorio Cubano de Economía (OCDE) ha publicado un informe correspondiente a 2020 titulado “Entorno, emprendimientos privados y los derechos económicos”, en el cual analiza la fluctuación de los resultados de la actividad económica por cuenta propia en Cuba y el impacto de la pandemia de COVID-19.
El informe, que se apoya en los gráficos de la empresa Roselló Consultores para ilustrar la información, advierte que “desde sus inicios en el 2010 hasta enero de 2020, el sector cuentapropista ha mostrado una dinámica de crecimiento de un 59%”, pero en 2020 “se da un decrecimiento del 25% respecto al año precedente, lo que representa una salida de 158 mil personas registradas en el sector”.
"El entorno cubano aún es deficiente para el emprendimiento", explicó a Radio Martí la economista Ingrid Berrios Junco, miembro de Roselló Consultores. Dijo que el problema es que "no hay una apertura al mercado interno, hay poco acceso a las fuentes de financiamiento". En ese contexto, destacó que "los cuentapropistas se financian por remesas que vienen del exterior".
En el capítulo de “Composición sociodemográfica”, el informe aborda la situación de las mujeres y la población afrodescendiente que “enfrentan muchos desafíos para abrirse paso en el ámbito del negocio privado, representando los de menores porcientos en el sector cuentapropista”.
Mas adelante, Berrios afirma que "hay complejidad en las políticas gubernamentales, estas son lentas y frenan la creación de nuevos negocios. Les cuesta crear una infraestructura comercial para el desarrollo propicio de los emprendedores y no están dadas las tecnologías para que haya un entorno emprendedor válido".
Otro de los puntos abordados por el OCDE es el referente a las “prácticas de persecución y vigilancia sobre el sector cuentapropista”.
Sólo en 2020, “los entes de fiscalización estatales realizaron 1.4 millones de acciones de control”, descritas como “multas pecuniarias, decomisos de productos y medios de producción, retiros de licencias y otras medidas similares”, elevando lo recaudado por concepto de multas a 32 millones de pesos, “un 44% superior a lo reportado en 2019”.
En cuanto a la “Violación de los Derechos Económicos de los cuentapropistas”, el informe señala la “exclusión de la fuerza trabajadora calificada (profesionales universitarios y técnicos de nivel medio) a ejercer como tal en el sector cuentapropista”.
La “prohibición a la libre sindicalización”, la “privación del derecho a la participación en la toma de decisiones para la elaboración y aprobación de políticas públicas que les compete” y la “falta de leyes proteccionistas laborales que les den amparo y protección de ingresos a los cuentapropistas en situaciones excepcionales…”, son tres de las violaciones destacadas por el documento.
"Hay una falta de respaldo institucional a los trabajadores privados", dijo la economista Ingrid Berrios Junco.
(Con reportaje de Yolanda Huerga para Radio Martí)
