Los cubanos reaccionaron con protestas a la agudización de la crisis económica en el país durante el mes de febrero, mientras el gobierno continúa violando las libertades fundamentales de sus ciudadanos, señala un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos.
La organización, que lidera la opositora Martha Beatriz Roque, hace énfasis en la incorporación de nuevos presos políticos a la ya larga lista del régimen, el hostigamiento a los activistas de derechos humanos y los problemas sociales derivados de la crisis que vive el país, en medio de la pandemia de coronavirus.
El informe señala que durante el mes ingresaron en prisión dos disidentes, uno pendiente de juicio y otro sancionado a un año de privación de libertad, mientras cuatro presos políticos fueron liberados.
Presos que ingresan en la lista:
- Yasser Fernando Rodríguez González, acusado de "otros actos contra la Seguridad del Estado", y pediente de juicio.
- Luis Enrique Santos Caballero: detenido el 11 de febrero y de manera sumarísima fue condenado a 1 año de privación de libertad, acusado de un ptresunto delito de "desacato".
Fueron liberados Adrián Coroneaux Stevens (bajo fianza), Mercedes Arce López (libertad condicional), Ramón Rodríguez Gamboa (libertad por cumplimiento) y Yamiel Bernal Ampulia (cumplimiento de la libertad condicional).
Un total de 59 activistas fueron detenidos arbitrariamente en febrero, la mayoría en la capital del país.
Entre los problemas sociales y de la crisis que más impactan a la población, la organización menciona la falta de transporte, vivienda, atención médica y el desabastecimiento de productos básicos, entre otros.
"Entre todos ellos resaltan los problemas de salud, el mal funcionamiento de hospitales y sus aseguramientos, problemas con las ambulancias y también con los carros fúnebres, que hacen difícil la vida de los ciudadanos de a pie", subraya el documento.
También señala "el incremento de la escasez de alimentos, incluyendo las tiendas en divisa, y en particular los feminicidios".
El informe destaca el uso abusivo de las multas que hace el gobierno contra los cuentapropistas y la población en general, en medio de nuevas medidas que responden al llamado "ordenamiento económico", y por el rebrote de COVID-19 en gran parte del territorio nacional.
"El régimen castrista en tiempos de pandemia ha encontrado en multas absurdas la posibilidad de seguirse lucrando a costa del cubano de a pie. Tal es el caso de un vendedor del Mercado Agropecuario de 51 y 160, en el municipio La Lisa, en la capital, al cual por ganarle entre 1 y 3 pesos al mazo de berro le impusieron una multa de 8,000 pesos", refiere el texto.
