Una batalla legal de alto riesgo comenzó este lunes en el Tribunal Superior de Londres por una deuda impaga del gobierno cubano que data de la era del fallecido dictador Fidel Castro, ahora en manos de un grupo inversor de Gran Caimán.
El juicio, que se extenderá hasta el próximo lunes, es seguido de cerca por otros acreedores que han luchado para recuperar un préstamo en mora a La Habana estimado en $7 mil millones, señala en un reporte sobre el caso la agencia británica de noticias Reuters.
CRF I Ltd, la firma de inversiones que presentó la demanda, constituido en 2009 en las islas Caimán, dijo este lunes que es acreedor legítimo de la deuda cubana, valorada en 72 millones de euros (78.18 millones de dólares), por dos préstamos que originalmente fueron otorgados a Cuba por los bancos europeos Crédit Lyonnais y L'Istituto Bancario Italiano en 1984.
El gobierno cubano, por su parte, negó que CRF I tenga los derechos legales sobre la deuda y lo calificó como un "fondo buitre". Señaló, además, que la Corte Inglesa "no tenía jurisdicción" para juzgar los reclamos de CRF I.
La jueza Sara Cockerill, de la división Comercial del Tribunal Superior de Londres, deberá decidir si CRF I es el tenedor legal de los bonos, que anteriormente gestionaba el banco ICBC Standard Bank, y puede reclamar su pago, o si no fue válido el traspaso entre estas dos entidades, autorizado el 25 de noviembre de 2019 por el funcionario cubano Raúl Olivera Lozano, indica un reporte de la agencia de noticias EFE.
El Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba, personados en este caso, sostienen que es nula la cesión aprobada con una sola firma (en lugar de dos) y sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros por Lozano, entonces director de operaciones del BNC y hoy convicto por aceptar un presunto soborno del CRF I.
Según el reporte de EFE, Jawdat Khurshid, el abogado de CRF I - tenedor de una deuda cubana que asciende a 1.200 millones de euros-, alegó que la operación auspiciada por Olivera, un empleado con “40 años de experiencia”, se ajustó a las normas, y acusó a las autoridades cubanas de "eludir sus obligaciones" manipulando el caso e imputando a toda la directiva del BNC que supervisó la operación.
El grupo inversor de Islas Caimán presentó el reclamo hace tres años, después de que las autoridades cubanas rechazaran una oferta de alivio de la deuda hecha por CRF I y otros tenedores de bonos en 2018.
"Todavía estamos listos para hablar con la otra parte, incluso en esta etapa tardía", dijo este lunes a Reuters el presidente de CRF I, David Charters.
La abogada de la parte cubana, Alison Macdonald, dijo este lunes que Cuba no ha accedido a la cesión porque considera a CRF I un "fondo buitre", creado con el propósito de "hacerse con deuda cubana" y sacar provecho al forzar su pago mediante acciones legales.
Macdonald citó actas de reuniones de CRF I y concluyó que su objetivo al buscar el traspaso de los derechos era iniciar un proceso legal, en lugar de tratar de colaborar con un Estado en dificultades económicas.
María Teresa Compte Zubeldia, antigua responsable legal del BNC hasta su condena, y Odalys del Nodal Molina, secretaria del departamento de deuda externa, declararon como testigos en la sesión de este lunes, indicó EFE.
A las preguntas de Khurshid de si en 2019 había una regla que dijera que las cesiones de deuda requerían el consentimiento previo del Gobierno cubano, un argumento que CRF I refuta, Zubeldia explicó que eso era algo que, como parte de sus labores, a ella no le competía.
Melissa Perez Fleitas, una empleada en período de prácticas en el departamento de deuda externa cuando Olivera consintió a la cesión, dijo que solo “obedecía” órdenes de su tutora, Londa Caridad Martí.
Martí fue condenada por escribir a CRF I, el 13 de junio de 2019, que estaba "autorizado en principio" el traspaso de la deuda.
(Con información de Reuters, EFE) y reporte de Michel Suárez para Radio Martí)
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