La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron preocupación por la precariedad de la situación laboral y la falta de derechos sindicales en Cuba e instaron al Estado cubano a garantizar el derecho al trabajo digno en condiciones de igualdad y no discriminación, así como al libre ejercicio de los derechos sindicales y de asociación, siguiendo los estándares interamericanos en la materia.
Ambas organizaciones a través de un comunicado, llamaron al régimen de La Habana a garantizar los derechos labores y sindicales en la isla y resaltaron que que los mismos son clave para fortalecer sistemas económicos y sociales y "son inseparables e inherentes a la dignidad humana".
Según la CIDH y REDESCA, la situación socioeconómica que atraviesa Cuba, que envuelve una crisis económica aguda y generalizada, es alarmante y responsable de una "superinflación", la cual trae como consecuencia "un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad y un incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral".
Ambas organizaciones criticaron que la ausencia de datos oficiales sobre determinados aspectos concernientes a la economía, mercado laboral y a la situación de los derechos laborales en el país "obstaculizan la obtención de información integral e invisibilizan el empeoramiento de la desprotección laboral que enfrentan las personas trabajadoras en Cuba".
El comunicado hace referencia a denuncias de extensas jornadas de trabajo sin percibir la remuneración extraordinaria que corresponde; el pago de salarios bajos que no cubren las necesidades básicas de la vida; y la existencia de condiciones de trabajo precarias, tales como la falta de medios y herramientas de trabajo o la existencia de condiciones insalubres en el lugar de trabajo.
Por otra parte, indican que el derecho al ejercicio pleno de la libertad sindical y el derecho de libre asociación "serían inexistentes en Cuba dada la politización y el monopolio de un sindicato único controlado por el Estado –la Central de Trabajadores Cubanos– así como por la imposibilidad de constituir sindicatos independientes y de elegir libremente a los representantes, quienes son designados directamente por el Partido Comunista. Todo ello generaría importantes desafíos para la protección y garantía de los derechos de las personas trabajadoras. En el sector cuentapropista, dichas asociaciones sindicales serían directamente inexistentes lo que evidenciaría aún más la dificultad que representa la defensa de los derechos laborales de estas personas trabajadoras".
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