La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) ha documentado que más de 100 manifestantes encarcelados por el levantamiento social del 11 de julio tenían una actividad laboral estable antes de que ocurrieran las demostraciones.
“Hemos identificado a 100 trabajadores en prisión a raíz de las históricas protestas el pasado 11 de julio y algunos detenidos tras la convocatoria del 15 de noviembre. De ellos, 53 son trabajadores por cuenta propia y 48 estatales, incluyendo al sindicalista independiente Humberto Laffita, detenido el 13 noviembre” en relación con la Marcha por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago, dijo a Radio Martí el secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo.
De acuerdo con la recopilación parcial realizada por la organización sindical, la más grande de su tipo en el país, 8 de los empleados del Estado son profesionales, entre ellos dos médicos.
El régimen cubano ha calificado a los asistentes a las marchas de julio como “mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios”.
Alex Castro Soto, hijo del fallecido dictador Fidel Castro, llamó delincuentes a los cientos de cubanos que salieron a las calles el 11 de julio a pedir libertad. Los medios de comunicación estatales los tildan de vándalos y saqueadores.
“Por supuesto que se trata una lista parcial y estamos convencidos de que existen muchos más, y estamos indagando para identificarlos. La ASIC está preocupada con estos prisioneros y por las condiciones en que se encuentran en la cárcel, hacinados, bajo malos tratos, privaciones y aislamiento y, además, con los juicios que se están llevando a cabo contra estos trabajadores, y contra todos los que están presos a raíz de las protestas. Muchos de ellos ya han sido condenados bajo falsos delitos y sin ningún tipo de garantía procesal”, señaló el sindicalista.
“Por eso estamos llamando a la comunidad internacional a solidarizarse con ellos y a exigir su libertad. Muchos son jóvenes y padres de familia que el único delito que cometieron fue pedir libertad. Es difícil entender el por qué de estas detenciones cuando se trataba de manifestaciones pacíficas y espontáneas de personas que pedían derechos”.
En un reportaje publicado recientemente por Radio Televisión Martí, Anabel Arocha, familiar de tres de los condenados del 11 de julio en el Caney, Santiago de Cuba, Iván Arocha Arocha, Iván Arocha Quiala y Eduardo Reinaldo Machado Arocha, describió como, aún si haber sido juzgados, fueron expulsados de sus centros laborales.
“Los sacaron de los trabajos inmediatamente, a mi hermano y a mi sobrino Ivancito. Mi hermano trabajaba en el Teatro Heredia, llevaba como 20 años trabajando allí y mi sobrino Iván laboró en un Ditú de Gastronomía, hasta el último día, que lo cogieron (preso). El otro era cuentapropista, barbero”.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha enviado su informe a organismos internacionales defensores de los derechos de los trabajadores, como el Comité de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, entre otras.
