Un juez federal de Texas decidió no detener de manera provisional el programa de parole humanitario implementado por la administración Biden el pasado mes de enero para ciudadanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, después de revisar una moción presentada por 20 estados.
El 24 de enero, fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos (Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming) presentaron una demanda contra el programa que concede hasta 30,000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El juez Drew B. Tipton decidió que la solicitud de los estados de congelar la implementación del programa se analizará como parte del juicio.
La corte de Distrito del sur de Texas programó una primera audiencia para el 3 de marzo, en la que abogados del gobierno y de los estados demandantes presentarán sus argumentos.
Los estados demandantes alegan que el gobierno ha creado un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.
En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están "sobrecargadas" y que el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
El programa de parole entró en efecto a principios de año bajo una orden del Biden para que ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos, capaz de responsabilizarse económicamente por ellos, puedan obtener la "libertad condicional" y luego la residencia permanente. Los migrantes que intentan entrar de manera ilegal a Estados Unidos son expulsados de manera expedita.
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