El nuevo juicio contra el líder opositor ruso Alexei Navalny comenzó el martes en la prisión donde se encuentra recluido.
Navalny está acusado de fraude y desacato de la corte. Sus aliados dicen que el juicio es un esfuerzo del Kremlin para mantenerle en prisión todo el tiempo posible. El senador cubanoamericano Marco Rubio dice que las autoridades rusas quieren silenciarlo. Según Amnistía Internacional, el proceso judicial es una farsa.
Marie Struthers, directora de Amnistía para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:
“Claramente insatisfechas con las penas de prisión ya impuestas a Alexei Navalny, las autoridades rusas van a juzgarlo de nuevo tras las vallas electrificadas de una prisión en lo que cínicamente han llamado ‘vista judicial abierta’. Esta farsa judicial, a la que asistirán guardias penitenciarios en lugar de los medios de comunicación, incumple el derecho internacional de los derechos humanos y claramente priva a Navalny de su derecho a un juicio justo".
"Es evidente que las autoridades rusas quieren asegurarse de que Navalny no sale de prisión en mucho tiempo. Un juicio a puerta cerrada no hace sino despertar más sospechas sobre nuevas violaciones de derechos humanos que las autoridades rusas intentan ocultar", aseveró Struthers.
El martes, Navalny, de 45 años, compareció en el tribunal improvisado luciendo el uniforme del penal. “Las personas que ordenaron este juicio tienen miedo”, dijo en la audiencia. “Miedo de lo que digo durante este juicio, de que la gente vea que esta causa es obviamente inventada”.
Navalny puede ser sentenciado a 15 años de prisión. Fue arrestado en enero de 2021 a su regreso de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un ataque con una neurotoxina que él atribuye al Kremlin, algo que las autoridades rusas niegan.
Poco después del arresto, un tribunal lo sentenció a dos años y medio en prisión por violar su libertad condicional derivada de una sentencia suspendida de 2014 en una causa de fraude.
Luego de su sentencia, las autoridades lanzaron una batida contra sus asociados y partidarios. Sus aliados más cercanos han dejado Rusia tras enfrentar múltiples cargos y su Fundación para Combatir la Corrupción, con una red de 40 oficinales regionales, fue proscrita y calificada de extremista.
Este mes, el gobierno añadió a Navalny y a varios de sus asociados al registro estatal de extremistas y terroristas.
