La organización Justicia 11J hizo un llamado de solidaridad internacional tras la reciente deportación a Cuba del preso político Marco Antonio Alfonso Breto, de 22 años.
“Ante la negativa de protección internacional para el joven, y su reciente llegada a Cuba, hacemos un llamado urgente a organizaciones internacionales, medios de prensa, funcionarios de cuerpos diplomáticos en el país, a que se interesen por la seguridad y la integridad de Alfonso Breto, quien no solo puede enfrentar una nueva sanción, sino también ser víctima de represalias por parte de la Seguridad del Estado y oficiales de prisiones”, alertó la organización en un comunicado.
Alfonso Breto fue deportado el pasado viernes a la isla por las autoridades de Bahamas, pocos días después de salir de una cárcel de Nassau y ser trasladado a un centro de detención para migrantes.
Su madre, María Isabel Breto, dijo a Martí Noticias el lunes que había logrado visitar a su hijo en Villa Marista, en La Habana. “Pude entrar a verlo con su hermanita. Me pidió que le buscara un buen abogado para que defienda su caso. Ahora lo están investigando por haberse dado a la fuga, pero después lo van a llevar para el Combinado del Este”.
“No se sabe qué va a pasar hasta que no acabe el proceso”, aseguró la mujer que llevaba meses pidiendo ayuda a organizaciones internaciones para que no lo deportaran.
El joven, uno de los manifestantes del 11J en el barrio capitalino de La Güinera, fue condenado a nueve años de cárcel por el delito de sedición. En mayo de 2022 la pena le fue rebajada a cinco años de trabajo correccional con internamiento. En su primer pase se fugó y estuvo varios meses escondido hasta que se lanzó al mar con el objetivo de llegar a EE UU y solicitar asilo político pero su embarcación fue interceptada y llevada a Bahamas.
“Alfonso Breto huyó del país por vías irregulares, durante un permiso temporal para visitar su hogar, mientras cumplía su sentencia. El Código Penal cubano recoge este incidente como evasión de presos o detenidos (artículo 206) y como salida ilegal del territorio nacional (artículos 283 o 284)”, alerta el documento.
Según Alain Espinosa, abogado del equipo legal de la organización no gubernamental Cubalex, Marco Antonio “pudiese enfrentar un nuevo juicio y recibir una sanción conjunta equivalente a la sanción restante por su participación en las protestas de 2021, más la que devenga, por los delitos anteriormente mencionados (artículo 86.2). Ambos nuevos delitos contemplan varias figuras y marcos sancionadores —en un caso pudiese llegar hasta los 8 años de privación de libertad—, por lo que la posible sanción estaría determinada por las características de los hechos que estime la Fiscalía”.
Justicia 11J señaló que "al menos 79 manifestantes de julio de 2021 —liberados, excarcelados o en fuga— se han exiliado por distintas vías, entre regulares e irregulares”.
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