Las autoridades de Bahamas trasladaron a un centro de detención para migrantes al preso político cubano Marco Antonio Alfonso Breto, quien llevaba varios meses en una cárcel en Nassau.
“Su caso de asilo político está siendo examinado”, dijo a Martí Noticias su madre, María Isabel Breto.
“Toda la vida voy a estar agradecida con las personas que nos han ayudado para que mi hijo lograra tener un abogado”, comentó la mujer, quien teme por lo que pudiera pasar con su hijo si fuera deportado a Cuba.
“Es un prófugo de la justicia del 11J. Si lo regresan, lo que va a caerle arriba es mucho”, agrega.
El joven, de 22 años, fue uno de los manifestantes del barrio La Güinera, en La Habana, que salió a las calles el 12 de julio de 2021 a exigir libertad. Las autoridades lo acusaron del delito de sedición contra la Seguridad del Estado.
Su madre cuenta que la primera vez que lo pudo ver a Marco Antonio lo habían torturado y golpeado en la cárcel. “Tenía quemaduras de cigarros por todo el cuerpo”, explicó.
Los tribunales lo sentenciaron a nueve años de privación de libertad pero la medida luego quedó reducida a cinco años de trabajo correccional con internamiento. En noviembre de 2022, salió de pase y se dio a la fuga. Tras varios meses escondido, logró escapar de Cuba por mar en marzo del año pasado. Su objetivo era llegar a Estados Unidos pero su embarcación fue interceptada y trasladada a Bahamas.
Inicialmente lo mantuvieron en un centro de detención para migrantes, pero cuando Alfonso Breto supo que corría riesgo de que lo deportaran logró escaparse y estuvo casi un mes escondido, durmiendo en las calles.
El 24 de mayo las autoridades lo arrestaron otra vez e ingresó en una cárcel en Nassau. Sin abogado, ni comunicación con la familia, su madre comenzó a pedir ayuda para que no lo deportaran. “Aquí a mi hijo me lo van a matar”, decía.
Varios cubanos se unieron en una iniciativa en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos que permitieran ayudar a Alfonso Breto a obtener ayuda legal. Tres semanas después, Erick Barrios -organizador de la campaña- informó que lo habían logrado.
“Tenemos buenas noticias. Ya Marco tiene abogado gracias a ustedes, muchas gracias nuevamente por sus donaciones y ayuda. Ya está en contacto con su abogado y trabajando en su caso para evitar la deportación”, recoge el mensaje.
La periodista cubana Mónica Baró, quien ha estado en comunicación con la familia desde hace meses, aseguró a nuestra redacción que se están tomando todas las acciones necesarias desde el punto de vista legal para defender su caso de asilo político.
“El caso de Marco Antonio es un claro ejemplo de la solidaridad que existe entre cubanos. La mayoría de las personas que ha ayudado a Marco desde fuera de Cuba no le conoce personalmente, ni a él ni a su familia, pero el hecho de que sea un cubano que se manifestó en julio de 2021 y víctima de la represión gubernamental es motivo suficiente para que otros quieran ayudarle. También es una prueba de lo que se puede lograr cuando los cubanos emigrantes y exiliados se articulan con los cubanos residentes en la isla”, comentó.
De acuerdo a la ONG Prisoners Defenders, más de mil personas están encarceladas en Cuba por motivos políticos, la mayoría por participar en las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
La Güinera, el barrio en el que se manifestó Marco Antonio, es uno de los más pobres de La Habana. Fue allí donde se reportó el único muerto de las protestas: Diubis Laurencio, un joven de 36 años al que disparó un agente de la Policía.
Wilber Aguilar, vecino de La Güinera y padre del joven cubano Wagniel Luis Aguilar sentenciado a 12 de cárcel, es uno de los promotores de la solicitud de una Ley de Amnistía para los presos políticos entregada la semana pasada en la sede del Parlamento.
La misiva, firmada inicialmente por 34 familiares de presos políticos, denuncia que en el país se coarta el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento.
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