La dictadura pierde la batalla en internet y lucha para no perder también la calle. Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años. El 11 de julio, las dos fuerzas, el poder y el pueblo, terminaron mirándose las caras en unas protestas masivas –mayormente pacíficas, hasta que el gobierno ordenó reprimirlas- con una dimensión que no se había visto antes en el país.
El 11 de julio, los gritos de las multitudes corroboraron varias certezas anunciadas por años en la prensa independiente: los cubanos la están pasando mal por la falta de medicinas, comida, dinero, esperanzas y libertad.
La mayoría del pueblo quiere un cambio de gobierno, pero la dictadura reprime con violencia indiscriminada y manipulando el sistema de justicia. Las redes sociales y el acceso a internet son determinantes en la movilización de la ciudadanía a nivel nacional. Pese a la represión, un grupo de activistas está convocando a una nueva jornada de protesta para el 15 de noviembre.
Tres hechos sobresalen en este período: el encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11 de julio y la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, que restringe aún más las libertades en internet.
El 30 de abril se produjo una protesta de seis personas en la calle Obispo, en La Habana Vieja, a la que se sumaron transeúntes. Fueron arrestados y llevados a distintas prisiones. Entre los detenidos estaban Mary Karla Ares, reportera del boletín Amanecer Habanero, que trasmitió en vivo la protesta, y Esteban Rodríguez, activista y reportero de ADN Cuba, quien en noviembre había participado en la huelga de hambre en la casa del artista Luis Manuel Otero, en el barrio San Isidro, de La Habana.
Mary Karla Ares fue excarcelada el 29 de mayo, pero a cambio se le impuso reclusión domiciliaria, que aún afronta. Esteban Rodríguez continúa en prisión, donde contrajo dos veces Covid-19. Ambos están siendo acusados por "desorden público" y "resistencia", delitos que, sumados, acarrean varios años de cárcel.
Lázaro Yuri Valle Roca, periodista y activista, director del blog digital Delibera y de su canal de YouTube homónimo, fue detenido el 15 de junio tras acudir a una citación policial en La Habana. La Seguridad del Estado lo investigaba por haber organizado, filmado y publicado el video del lanzamiento de unos panfletos anticastristas en una esquina en Centro Habana.
Además de permanecer incomunicado y sin asistencia legal, el periodista hizo una huelga de hambre que empeoró su estado de salud. El régimen lo acusa de "propaganda enemiga" y "desacato". Podría enfrentar una pena de diez años por estos delitos.
Otro encarcelamiento notorio fue el del artista Hamlet Lavastida, novio de la escritora y periodista Katherine Bisquet, quien había sido una de las acuarteladas en casa de Luis Manuel Otero en noviembre, y quien grabó el violento desalojo de los manifestantes. Lavastida fue encarcelado al terminar la cuarentena obligatoria tras su regreso del extranjero.
Su novia fue sometida a reclusión domiciliaria y presionada por la Seguridad del Estado a abandonar el país, como única alternativa para obtener la libertad de Lavastida, quien en septiembre también se fue del país.
Continúa preso el youtuber Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba, tras hacer una sátira contra el presidente Miguel Díaz-Canel.
El 11 de julio, un joven vendedor de tarjetas telefónicas, Yoan de la Cruz, trasmitió en vivo e hizo viral un video sobre la protesta pacífica y espontánea de cientos de personas caminando hacia el gobierno municipal de San Antonio de los Baños, para reclamar contra el gobierno, los apagones, los problemas económicos y la falta de vacunación adecuada.
En menos de dos horas, nuevos videos y trasmisiones en vivo llegaron a las redes sociales, con protestas de cientos de personas en ciudades como Palma Soriano, Güines y Morón. Mientras tanto, por Whatsapp, Telegram y Facebook se convocó a manifestaciones en otras ciudades y se viralizaron videos y mensajes en todas las redes sociales.
La primera detención de un periodista se registró cerca de las 3 de la tarde. Fue Iris Mariño, de La Hora de Cuba, arrastrada violentamente y sin previo aviso fuera de la protesta pacífica en el casco histórico de Camagüey por agentes de civil de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria.
Diez minutos después fueron arrestados Henry Constantín y Neife Rigau, en el mismo lugar. Orelvis Cabrera y Alberto Corzo fueron detenidos en Matanzas; Maykel González Vivero, en La Habana; Rolando Rodríguez Lobaina y Niober García Fournier, en Guantánamo. A las 4 de la tarde el presidente Díaz-Canel declaró por televisión que "la orden de combate está dada; a la calle los revolucionarios". Abrió así una represión profunda contra las protestas pacíficas.
Ese día no pudieron salir a la calle, por vigilancia policial afuera de sus casas, los reporteros Luz Escobar, Héctor Luis Valdés, Frank Abel García, Mary Karla Ares, Danilo Carrasco, Juan Manuel Moreno, Iliana Hernández, Mabel Páez, Reisel Acosta, Yhosan Torres, Onelsys Díaz, Jorge Luis Romero, Yusleidy Romero, Yanaisy Quesada, Flora Quiñones, Roilán López, Héctor Sierra, Ariorny Ramos, Yaima Cabrera, Wilfredo Fajardo, Ever Fonseca, Martha Liset Sánchez, Raúl Pérez, Aliena Palmero, Maikel Jiménez, Deisy Martínez, Vivian Feo, Manuel Martínez, Yanela Reyes, Orlidia Barceló, Carlos Cárdenas, Pedro Luis Hernández y María Matienzo. Esa restricción duró días y hasta semanas para algunos periodistas.
El fotógrafo Ramón Espinosa, de la AP, fue golpeado. El fotógrafo Iván Alcaraz, de la televisión estatal, fue arrestado. En los días siguientes fueron detenidos los reporteros Camila Acosta, Yosvani Sepúlveda y Pedro Luis Hernández.
El 11 de julio las autoridades cortaron el uso de todos los servicios de internet y telefonía móvil y bloquearon las principales redes sociales y servicios de mensajería. El apagón de internet duró tres días.
Desde entonces, muchos ciudadanos son perseguidos por publicar en sus redes sociales contenido molesto al régimen. Algunos recibieron "advertencias" de defensores del gobierno y citaciones policiales, solo por tener contenido de las protestas en las redes. La amenaza policial ordenaba borrar materiales o que dieran información sobre líderes de las protestas.
El 17 de agosto entró en vigor la más explícita mordaza legal a la libertad de expresión en Internet: Decreto-Ley 35 "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrica". También entraron en vigencia dos decretos del Consejo de Ministros y tres resoluciones del Ministerio de las Comunicaciones.
La resolución más nociva, la 108, recoge una lista de "incidentes de ciberseguridad" según diferentes niveles de peligrosidad. Califica de "muy alto" la "subversión social", descrita como "pretender alterar el orden público, alterar la indisciplina social"; justamente esta fue la medida esgrimida por policías, fiscales y jueces del régimen para detener, multar o encarcelar a cientos de los manifestantes del 11 de julio.
El ciberterrorismo se define como cualquier acción "mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
Además, considera de peligro "alto", la divulgación "de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país" y la difusión "a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas".
El artículo 3 del Decreto-Ley 35 declara como primer objetivo: "Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución", lo cual indica el ánimo represivo y monopólico de las telecomunicaciones.
Se teme que la actualización del Código Penal incluya estas sanciones.
A raíz de la convocatoria de un grupo activista a la protesta del 15 de noviembre, empezó la represión contra los firmantes del documento. Sus casas fueron sitiadas y los cortes de las comunicaciones han vuelto a hacerse frecuentes para activistas y periodistas independientes.
El país sigue en manos de un régimen que gobierna con un manojo de leyes, cuya raíz está en la constitución impuesta en 2018 y que limita todos los derechos humanos y consagra la primacía de la voluntad de la cúpula gobernante.
Los periodistas y trabajadores de medios de prensa independientes que han sufrido cárcel o detenciones en el periodo son –además de los ya mencionados como detenidos a raíz del 11 de julio y de los que recibieron medidas de prisión o reclusión domiciliaria: Héctor Luis Valdés, Osmel Almaguer, Yoe Suárez, Leonel Rodríguez, Waldo Fernández, Mauricio Mendoza, la youtuber Ruhama Fernández, Jorge Enrique Rodríguez, Yoel Acosta y Enrique Díaz.
La totalidad de los encarcelamientos y detenciones incluye también interrogatorios, amenazas, incomunicación con familiares y abogados, suministro de agua y alimentación deficientes, entre otras violaciones de los derechos humanos del reportero.
Prohibiciones de salir a la calle, hechas a través de agentes apostados en las puertas de sus viviendas, medidas cautelares de reclusión domiciliaria o de llamadas telefónicas, han sufrido Camila Acosta, Luz Escobar, Roberto Rodríguez, José Antonio Fornaris, Amarilis Cortina, María Matienzo, Mary Karla Ares, Neife Rigau, Iris Mariño, Héctor Luis Valdés, Henry Constantín y Orelvys Cabrera.
Citados a "entrevistas", para ser interrogados o amenazados en dependencias policiales, fueron Vladimir Turró, Yadisley Rodríguez, Yusleidy Romero, Ariel Maceo, Yoe Suárez, Yadiris Luis, Mario Ramírez y Héctor Luis Valdés.
La youtuber Ruhama Fernández fue víctima de un allanamiento en su casa, en el que la despojaron de su equipo de trabajo.
El 13 de julio, la sede del medio independiente La Hora de Cuba, vivienda de Neife Rigau y Henry Constantín, sufrió un registro con más de 21 efectivos del Ministerio del Interior, mientras los periodistas estaban presos por tratar de cubrir las protestas del 11 de julio. Los agentes sustrajeron decenas de artículos de trabajo y ocio y les fotografiaron documentos y enseres privados. Les devolvieron los bienes tras ser liberados, pero algunos en mal estado.
En Santiago de Cuba sufrió registro y decomiso de bienes de trabajo el reportero José Antonio López.
Fueron multados o recibieron actas de advertencia por su trabajo los reporteros Yoe Suárez, Niober García, Iris Mariño, Rolando Rodríguez, Orelvys Cabrera, Neife Rigau, Henry Constantín y Yoel Acosta.
Cortes prolongados de sus servicios de internet y telefonía experimetaron Luz Escobar, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Neife Rigau, María Matienzo, Abu Dujanah Tamayo.
Amenazas a sus familiares o amistades sufrieron Augusto César San Martín y Neife Rigau.
Recibieron diferentes tipos de amenazas, además de todos los que fueron citados o detenidos y que se mencionan arriba: Jorge Enrique Rodríguez, Yoe Suárez, Yaima Pardo y Nachely Rivero.
Siguen con prohibición de viajar fuera de Cuba los reporteros y trabajadores de medios: Camila Acosta, Iliana Hernández, Luz Escobar, Reinaldo Escobar, Yoe Suárez, Anais Remón, Henry Constantin, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Mario Ramírez, Sol García, Yunier Gutiérrez, Julio Aliaga, Víctor Manuel Domínguez, Niober García, Boris González, Odalina Guerrero, Leydis Tabares, Roberto de Jesús Quiñones y Rosalia Viñas.
Fueron arrestadas, citadas o interrogadas fuentes periodísticas y personas entrevistadas por Camila Acosta, Nachely Rivero y Henry Constantín.
