Legisladores estadounidenses presentaron este lunes ante el Congreso un proyecto de ley bipartidista que busca prohibir, tanto a las agencias federales, como a entidades privadas o individuos, hacer negocios con cualquier persona que apoye al régimen de Nicolás Maduro.
La ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano, conocida como Ley Bolívar, fue introducida este lunes ante la Cámara de Representantes por el congresista republicano Michael Waltz.
“En medio de la crisis provocada por el narco-dictador Nicolás Maduro y sus secuaces, debemos asegurarnos de que las agencias federales de EEUU no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro”, dijo el senador Marco Rubio Rubio, quien se ha unido al proyecto junto a a los senadores Rick Scott (R-FL), Jacky Rosen (D-NV) y Thom Tillis (R-NC), informó su oficina en un comunicado.
“Me enorgullece unirme al senador Scott y a mis colegas para presentar esta legislación bicameral, la cual garantizará que los dólares de los contribuyentes no le proporcionen un salvavidas financiero a una dictadura criminal y asesina en nuestra región”, agregó el senador Rubio.
Por su parte, el senador Scott dijo que “Nicolás Maduro está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Venezuela", por lo que "ni un centavo de los contribuyentes americanos debe utilizarse para apoyar a este régimen asesino”.
“Como gobernador, prohibí al estado de la Florida, incluyendo a todas las agencias estatales, el invertir en cualquier empresa que esté haciendo negocios con el gobierno opresivo de Maduro”, recordó Scott.
El exgobernador de La Florida declaró sentirse orgulloso de liderar, junto a sus colegas, "este importante trabajo y prohibir que todas las agencias federales hagan negocios con quienes apoyan a este dictador”.
“No podemos quedarnos al margen y dejar que esta crisis continúe, y esto comienza con restringir el dinero que Maduro usa para aferrarse al poder”, advirtió Scott.
La Ley Bolívar hace las "excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastre" y "no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional ni con sus sucesores electos”, subraya el comunicado.
También apunta “que sólo se aplicará a los contratos realizados durante o después de la promulgación de la ley”, y especifica que “permite al Secretario de Estado concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos”.
