El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados en el Comité de Asignaciones de la Cámara, anunció este martes que, junto a un grupo bipartidista de legisladores, presentó un documento legal ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Havana Docks Corp. vs. Royal Caribbean Cruises, Ltd., et al.
El documento busca resaltar la importancia de las implicaciones de política exterior contenidas en el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton), que permite a ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen de Castro demandar a empresas que se beneficiaron de esos bienes. Los legisladores instan al máximo tribunal a garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia en los tribunales estadounidenses, tal como lo dispuso el Congreso en 1996.
"Por más de 60 años, el régimen cubano ha robado propiedades, se ha enriquecido mientras compañías inescrupulosas se benefician, y ha negado justicia a las víctimas, todo mientras oprime brutalmente a su pueblo y desafía los intereses de EEUU", afirmó Díaz-Balart.
"La Ley LIBERTAD se creó para responsabilizar al régimen y advertir a las empresas extranjeras que lucrar con propiedades robadas tendrá consecuencias", subrayó.
La Helms-Burton, oficialmente denominada Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, fue promulgada el 12 de marzo de 1996 por el presidente Bill Clinton, tras el derribo por parte de aviones militares cubanos de dos avionetas civiles del grupo “Hermanos al Rescate” en aguas internacionales, hecho que causó la muerte de cuatro pilotos estadounidenses de origen cubano.
Esta legislación consolidó el embargo económico contra Cuba y lo convirtió en ley, impidiendo que cualquier presidente lo levantara sin la aprobación del Congreso. Sus objetivos principales incluyen codificar el embargo y endurecer sanciones contra el régimen cubano, establecer condiciones para una transición democrática en la isla (Título II), proteger derechos de propiedad de ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas tras 1959 (Título III) e imponer restricciones migratorias a quienes trafiquen con propiedades confiscadas (Título IV).
El Título III, eje del actual debate, otorga a ciudadanos y empresas estadounidenses el derecho a demandar en tribunales de EEUU a compañías extranjeras que “trafiquen” con propiedades confiscadas en Cuba. Aunque la ley permite suspender estas demandas por razones de interés nacional, dicha suspensión se mantuvo desde 1996 hasta 2019, cuando fue levantada, reactivando litigios contra empresas internacionales, incluidas líneas de cruceros.
Entre diciembre de 2015 y junio de 2019, cuatro líneas de cruceros realizaron viajes a Cuba utilizando instalaciones confiscadas en el puerto de La Habana, transportando cerca de un millón de turistas. Según datos judiciales, estas compañías obtuvieron más de 1.000 millones de dólares en ingresos, mientras que el régimen cubano recibió más de 130 millones de dólares en tarifas e impuestos.
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